La Justicia del Reino Unido avanzó en el proceso judicial contra Argentina por el caso Cupón PBI y abrió una investigación para determinar si el país aplicó una fórmula incorrecta en la liquidación de pagos a bonistas en más períodos, además del ya sentenciado año 2013.

Con esta medida, los fondos demandantes buscan sumar otros 1.600 millones de euros (unos 1.800 millones de dólares) adicionales, lo que elevaría la condena total contra el Estado argentino a 3.600 millones de dólares.

La causa ya cuenta con una sentencia firme contra el país por los primeros 1.800 millones debido a la manipulación de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Argentina no pagó esa condena y los acreedores solo cobraron 300 millones de dólares que se habían depositado como garantía para apelar. Tras el rechazo de ese recurso, se iniciaron acciones de embargo.

La maniobra bajo la lupa

La corte londinense hizo lugar al reclamo de los fondos liderados por Palladian Partners, que sostienen que el país incumplió el método de cálculo establecido para los bonos atados al crecimiento del PBI.

Los demandantes aseguran que en el último trimestre de 2013 la Argentina dejó de publicar el dato del PBI, modificó la fórmula de medición y ubicó el crecimiento anual en 3,2%, apenas por debajo del 3,3% que gatillaba el pago de los cupones.

Por otra parte, la presentación judicial afirma que la fórmula incorrecta se repitió en los cálculos correspondientes a los años 2017, 2021 y 2022. Sostienen que, sin ese cambio de método, el país debió haber abonado intereses entre 2014 y 2018, además de los períodos 2021 y 2022.

A través de una orden procesal, la Justicia británica fijó un cronograma de audiencias que se extenderá hasta noviembre de 2027. 

Según precisó el especialista Sebastián Maril (Latam Advisors), la Argentina tiene plazo hasta el 10 de julio para responder a esta nueva embestida.

Otro frente abierto en Estados Unidos

En paralelo al revés en Londres, Argentina enfrenta una situación similar en los tribunales de Nueva York. El expediente tramita en el juzgado de Loreta Preska, la misma magistrada que interviene en el multimillonario juicio por la estatización de YPF.

Allí, un grupo de fondos encabezado por Aurelius Capital presentó una nueva demanda relacionada con los cupones PBI emitidos en dólares y se encuentra a la espera de que la jueza defina si le da curso legal al reclamo.