El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue trasladado desde el penal de Ezeiza hacia su quinta ubicada en Zárate para comenzar a cumplir con el régimen de prisión domiciliaria. 

La medida fue dispuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, quienes consideraron que el estado de salud del exfuncionario de 76 años es incompatible con el alojamiento en un establecimiento penitenciario.

Los argumentos del fallo judicial

Los magistrados basaron su decisión en informes del Cuerpo Médico Forense, los cuales advirtieron que el contexto carcelario representaba un entorno inadecuado para las patologías del detenido. 

Según la resolución, el exfuncionario requiere controles clínicos especializados, una dieta específica y suministro permanente de medicación que no podían garantizarse en la unidad carcelaria.

"La continuidad de la detención en prisión podía incrementar el riesgo de descompensaciones y provocar daños irreversibles en la salud del exfuncionario", señalaron los jueces en el fallo, haciendo hincapié en que el paciente presenta un alto riesgo cardiovascular tras haber sufrido recientemente un episodio de arritmia que derivó en una angioplastia con implante de stent.

Antecedentes y situación procesal

La esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, había denunciado previamente las condiciones de detención ante el Servicio Penitenciario Federal. 

"Es una situación grave: es una persona mayor, con patologías médicas", sostuvo meses atrás, calificando el entorno de encierro como "completamente infrahumano".

El exministro cumple una condena de cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en el marco de la causa por la Tragedia de Once, ocurrida en 2012. 

En dicho expediente, el Tribunal Oral Federal N° 4 determinó su responsabilidad en el incumplimiento de los controles sobre los recursos estatales destinados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). 

Pese a los intentos de su defensa ante la Corte Suprema de Justicia para evitar el arresto, el traslado a la provincia de Buenos Aires se concretó por estrictas razones humanitarias y de salud.