El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, manifestó su preocupación por el actual escenario socioeconómico, destacando un cambio en el perfil de quienes solicitan ayuda. 

"Hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas", alertó el prelado, señalando que muchas de las personas que hoy requieren asistencia eran, hasta hace poco tiempo, colaboradoras de la institución. 

Según el referente eclesiástico, este fenómeno refleja un deterioro acelerado en las condiciones de vida de sectores que anteriormente contaban con cierta estabilidad.

Indigencia y rol del Estado

Además del desplazamiento de la clase media hacia la asistencia social, Marcelo Colombo calificó como "alarmantes" los registros de personas en situación de calle. 

En declaraciones radiales, el titular del Episcopado defendió el concepto de justicia social, definiéndolo como "la dimensión de acompañamiento de la vulnerabilidad por parte del Estado". 

En esa línea, remarcó que "nadie debería quedar al margen de la vida social cuando no tiene lo necesario para vivir".

Respecto al vínculo con la administración central, el obispo buscó diferenciar la labor pastoral de la disputa partidaria: "Creo que a veces puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada".

Crisis en el sector de discapacidad

La preocupación de la Iglesia también se extiende al área de salud. A principios de abril, la Conferencia Episcopal envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, para denunciar la situación crítica que atraviesan las instituciones que cuidan a personas con discapacidad.

La misiva detallaba que muchas entidades sufren una "crisis económica de extrema gravedad" producto del retraso en los aportes estatales.

Según el documento, esta falta de financiamiento compromete servicios esenciales como el suministro de medicamentos, la alimentación de los internos y el cumplimiento del pago de salarios al personal especializado.