La Justicia Federal le solicitó este lunes al Poder Ejecutivo la entrega inmediata del expediente completo relacionado con una licitación pública encargada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. 

El requerimiento judicial se enfoca en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes tanto de la Residencia Presidencial de Olivos como de la Casa de Gobierno.

El motivo del requerimiento judicial

Según fuentes judiciales, la medida fue dispuesta por el fiscal federal Ramiro González como un paso previo a definir si corresponde o no la apertura formal de una investigación penal. 

El funcionario judicial argumentó que la recolección de los documentos es necesaria debido a que todavía se desconoce la vigencia real de la adjudicación.

"Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo", precisó el dictamen del fiscal.

Supuesta concertación y apariencia de competencia

El foco de la sospecha judicial se centra en las empresas que se presentaron para disputar el contrato estatal. 

De acuerdo con lo expresado por el fiscal Ramiro González, el cuestionamiento radica en que en el procedimiento de la licitación pública N° 23-0005-LPU26 se registraron como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA.

La irregularidad administrativa surge a raíz de un antecedente técnico emitido por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Dicho organismo técnico concluyó en un dictamen previo que ambas compañías integran en realidad un mismo grupo económico. 

Esta condición, bajo la óptica de la acusación, "generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación", vulnerando la transparencia del proceso de contratación convocado por la Secretaría General de la Presidencia.

Origen de la causa y distanciamiento político

La actuación en los tribunales federales se originó a partir de una denuncia penal presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. 

La presentación judicial va dirigida de forma directa contra la hermana del presidente Javier Milei, enumerando la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La legisladora denunciante inició su mandato en el Congreso de la Nación ocupando una banca por el frente oficialista La Libertad Avanza, espacio político del cual se encuentra distanciada en la actualidad.