Tras un año de lucha por sostener las puertas abiertas de las universidades públicas y en medio de un éxodo de profesores en búsqueda de mejores sueldos, el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Moriñigo, también rector de la Universidad de San Luis, volvió a reclamar al gobierno de Javier Milei una oferta salarial que les permite recuperar a los trabajadores "todo lo perdido en el 2024".

Moriñigo aseguró que mantiene diálogo con el Gobierno y aifrmó: “Soy de los que cree que ojalá que en este 2024 hayamos aprendido tanto el gobierno como las universidades y quizás en el mes de febrero, marzo, el Gobierno pueda tener una propuesta salarial que haga que no empiece el año 2025 de manera tortuosa”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el presidente del Consejo Interuniversitario, manifestó su deseo de que la oferta salarial "venga con una oferta de tres o cuatro meses, que no sólo le gane la inflación del mes que estamos viviendo, sino que empiece a recuperar todo esto que te contaba del año 2024 que se ha perdido”.

Según reveló Moriñigo el diálogo entre los representantes de las altas casas de estudio y el Poder Ejecutivo avanza mejor en privado que en público, y planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo paritario en una mesa de negociación. “Me parece que todo esto empieza a solucionarse cuando entre Capital Humano y Economía pongan sobre la mesa una oferta salarial entre febrero y marzo que sea al menos de tres o cuatro meses y que vaya recuperando, aunque estén cuotas, todo lo perdido en el 2024”, aseguró.

De acuerdo a un informe reciente de Conadu Histórica, durante el 2024 el sueldo de los docentes universitarios “perdió más del 50%”. El salario inicial actual es de $420.000 en mano, para un docente con 20 horas de trabajo y una antigüedad de 10 o 12 años.

Moriñigo explicó que el impacto del ajuste salarial empujó a muchos docentes universitarios e investigadores a cambiar de trabajos o ejercer en otros países. “Eso lo estamos notando sobre todo en las universidades que están en las ciudades más grandes, donde hay mucha más oferta de trabajo, como Rosario, como Córdoba, como Mendoza, por supuesto Buenos Aires y Gran Buenos Aires”, reveló.

El salario inicial actual es de $420.000 en mano, para un docente con 20 horas de trabajo y una antigüedad de 10 o 12 años. 

“Estamos teniendo conversaciones con los rectores de que va a ser muy difícil, por ejemplo, abrir distintas sedes áulicas que las universidades grandes tenían en otros lugares y se están replegando a tenerlas solo en sus sedes centrales”, alertó el titular del CIN.

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) renunciaron en lo que va del año 135 profesores y auxiliares, lo que representa el 13% del plantel docente, según datos que esa casa de estudios le brindó a elDiarioAR.

Ya en octubre la Facultad de Agronomía de la UBA había advertido sobre la renuncia de 30 profesores “altamente calificados”, que configuraban alrededor del 10% del plantel. 

“Eso está pasando con los docentes de corta edad pero que ya vienen muy bien formados y no los vamos a tener en el mediano plazo. También está pasando con los investigadores que empiezan a aplicar para sistemas científicos tecnológicos de Chile o de Brasil, donde ahí la diferencia es abismal con el salario y ganan dos o tres veces lo que ganan aquí en Argentina”, señaló Moriñigo.

“Las universidades privadas pueden hacer algo que nosotros no, que es ofrecer un contrato mucho más oneroso porque se pueden salir del nomenclador”, afirmó, y explicó: “Es como los clubes de fútbol, si quiero el jugador del equipo tal. Como universidad privada me puedo salir del nomenclador y pagarle lo que yo quiera, nosotros, a nivel público, respetamos un nomenclador y un salario, por eso las universidades privadas se vuelven atractivas porque al ver un buen elemento le ofertan por arriba de la media”.

Si bien los salarios docentes son el tema más preocupante de cara al próximo ciclo lectivo, desde el Consejo Interuniversitario aseguraron que la cuestión de los gastos de funcionamiento tampoco está resuelta porque el Congreso no aprobó un nuevo presupuesto para 2025. 

Un grupo de legisladores tiene intención de reinstalar el tema del financiamiento universitario a través de una consulta popular en el Congreso que el Consejo Superior de la UBA solicitó para que pueda ser vinculante para aprobar la Ley de Financiamiento Universitario que Milei vetó en octubre.