El Gobierno porteño puso en marcha un plan de ordenamiento integral en la Villa 31 con el objetivo de reforzar la seguridad y detener el crecimiento urbano sin control en el barrio de Retiro. A partir de esta jornada, se sumaron operativos estratégicos en los accesos que incluyen retenes policiales y la peatonalización de diversas calles, una medida diseñada específicamente para evitar el ingreso de materiales de construcción y frenar de manera directa la expansión de las edificaciones irregulares.

Esta fiscalización de las obras, junto con el desalojo de unidades y terrenos usurpados, forma parte de un conjunto de intervenciones coordinadas por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Seguridad, Espacio Público y Desarrollo Humano. La premisa oficial del plan es fortalecer la integración bajo el concepto de que la Ciudad sea una sola, garantizando los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones y reglas para todos los vecinos, sin importar su lugar de residencia.

Sobre el despliegue en el territorio, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue categórico al señalar: "Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad".

Controles de acceso y operativos de saturación

El nuevo esquema de control modifica la fisonomía de las entradas al barrio. De los 13 accesos por donde antes circulaban vehículos, cinco se convirtieron en calles peatonales y tres pasaron a tener puestos permanentes de la Policía de la Ciudad, sumándose a los tres que ya existían. Además, se establecieron contramanos en dos arterias clave, se colocaron bolardos y se dispusieron controles itinerantes y rotativos de fiscalización para reforzar la vigilancia.

Durante este jueves se realizó un operativo especial con retenes en accesos críticos como Colibrí y Ramos Mejía -junto a la terminal de ómnibus-, en Yaguareté e Islas Galápagos -en las inmediaciones del Ministerio de Educación- y en la intersección de Colibrí y Alberto Chejolán. Según las autoridades, la urbanización diseñada en 2016 no logró evitar el crecimiento descontrolado ni el ordenamiento territorial previsto por la Ley 6.129, lo que motivó la decisión de avanzar con estas nuevas regulaciones.

Jorge Macri también vinculó estas acciones con la lucha contra el narcotráfico y la informalidad extrema. "Tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos", aseguró el Jefe de Gobierno al recordar la demolición de una casilla destinada a la venta de drogas.

El combate a la especulación inmobiliaria y la ocupación del espacio público

El plan de ordenamiento registra antecedentes recientes, como la erradicación de la feria ilegal de la calle Perette. En el último mes, los operativos se intensificaron contra las ocupaciones de veredas que eran utilizadas como depósitos de chatarra o patios privados. También se removió un lavadero de autos que obstruía un sector peatonal y fue desalojada una gomería montada en un micro en desuso que permanecía sobre la vía pública.

Asimismo, se procedió a la clausura de corralones de materiales que operaban de forma ilegal, ya que este tipo de comercios no están permitidos por la ley de urbanización vigente para prevenir riesgos estructurales. La problemática en la Villa 31, que ocupa 72 hectáreas frente a Retiro y donde viven unas 45 mil personas, ha derivado en un mercado de especulación donde el alquiler de una vivienda oscila entre los 300 mil y el millón de pesos, mientras que los locales comerciales se ofrecen por hasta 1,8 millones mensuales, aprovechándose de la falta de requisitos formales que exigen las inmobiliarias en otros sectores de la Ciudad.