El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, amplió este miércoles su declaración indagatoria en el marco del juicio oral por la causa Sueños Compartidos. 

Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal 5, el imputado afirmó que el exministro Aníbal Fernández financió de forma fija a un abogado a través de un centro de investigación de la entidad con el único propósito de inventar denuncias permanentes contra el PRO.

Subsidios y denuncias en la Universidad de las Madres

De acuerdo con el testimonio brindado en la audiencia, el constitucionalista Eduardo Barcesat habría convencido a Hebe de Bonafini para articular el mecanismo.

"Se armó un centro de investigación dentro de la universidad (de las Madres de Plaza de Mayo), que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a Barcesat, que tenía solamente la función de hacer nuevas denuncias contra algún funcionario del PRO", detalló Sergio Schoklender al describir las formas de financiamiento.

El exapoderado especificó que esos fondos estatales constituían "un subsidio fijo". Los registros oficiales indican que en el año 2008, mientras Aníbal Fernández ejercía el cargo de ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Barcesat fue nombrado profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.

Fondos internacionales y desvíos bajo investigación

En su declaración, el acusado enumeró otras vías de ingresos económicos que mantenían la estructura de la organización. 

Además de mencionar transferencias provenientes del Ministerio de Trabajo destinadas a los sueldos y aportes de actores, recordó un financiamiento externo particular: "De Chávez sí tuvimos aportes... Huguito. Alguno se perdió en el camino".

El debate oral y público busca determinar las responsabilidades penales por una presunta administración fraudulenta cometida entre marzo de 2008 y junio de 2011. 

La fiscalía investiga el destino de 748 millones de pesos otorgados por el gobierno de Cristina Kirchner para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos, de los cuales se sospecha que unos 206 millones de pesos fueron desviados hacia otros fines.