Chile, Costa Rica y Ecuador estaban, hasta hace algunos años, entre los países más seguros de la región, pero los cambios en las dinámicas del crimen organizado, la tardía reacción de las autoridades y políticas excesivamente punitivas, con grupos criminales que sacan rédito de la ausencia estatal, han transformado a estos países latinoamericanos.

El caso de Ecuador es, con distancia, el más preocupante. Mientras en 2021 tenía una tasa de 5,8 homicidios cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región, el país cerró 2023 con una tasa de más de 40 asesinatos cada 100.000 personas, duplicando el promedio regional y transformándose en uno de los más violentos de América Latina y el Caribe.

"Claramente, Ecuador es un caso de estudio, porque el crecimiento tan explosivo de la violencia en cinco, seis años, fue sorprendente, no existe algún parangón, en la región al menos, que es la más violenta del mundo, no existe ese crecimiento", dice a la Agencia Sputnik el sociólogo y politólogo Daniel Pontón, especializado en temas de seguridad pública.

La gravísima situación que atraviesa este país sudamericano llevó al presidente, Daniel Noboa, a decretar un estado de excepción a principios de enero; la medida incluía un toque de queda para la población y la participación de militares en algunas operaciones de seguridad pública.

En paralelo, Noboa, que asumió en noviembre de 2023, emitió una declaración de conflicto armado interno.

A mediados de abril, concluido el estado de excepción, Noboa extendió la declaración de conflicto armado. Los homicidios, en estos primeros meses, bajaron.

Para Pontón, docente de la escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, el descenso de los homicidios era algo esperable luego de las medidas tomadas por el Gobierno.

"Hay un despliegue propagandístico sobre la guerra al narcotráfico y es un discurso político también, que tiende a desgastarse en el tiempo y posiblemente ya no tenga impacto en los próximos meses frente al tema de la violencia, porque obviamente cuando tienes una reacción tan dura contra el delito, los delincuentes un poco se amilanan, se esconden, se repliegan, pero la cuestión no pierde fuerza, porque las raíces estructurales del problema están ahí", explica el académico.

A principios de abril, Ecuador registró, al menos, 80 asesinatos en tres días.

Pontón cuestionó las medidas tomadas por Noboa en enero, que limitan los derechos de los ciudadanos a cambio de la promesa de más seguridad.

"Siempre es la tensión entre más seguridad, menos libertad", dijo el analista, quien recordó, sin embargo, que medidas como la presencia de militares en las calles es "común" para los ecuatorianos.

"Casi todos los gobiernos, incluidos los correístas, los pros y los contras, han utilizado a los militares para frenar la inseguridad", afirmó.

No obstante, dijo que se trata de una "semántica política", porque "si tú sales a la calle, no pasa nada". "No estamos en guerra", añadió.

"Ni en Colombia ni en México se declaró estado de conflicto interno cuando aparecieron los problemas que tuvieron o siguen teniendo. Y en Ecuador, sí; entonces, me parece que ese tema de la guerra aquí es más un discurso", dice Pontón.

El especialista reconoce, sin embargo, que la gente está dispuesta a sacrificar libertades y derechos a cambio de la promesa de seguridad y recordó que la población "aplaudió, casi unánimemente", las declaratorias de estado de excepción y de conflicto interno.

Añadió, no obstante, que el estado de excepción imponía toques de queda que fueron criticados por los gremios turísticos y el rubro comercial.

"Todo el mundo renuncia a su libertad hasta que le tocan el bolsillo", expresó.

Pero ¿cómo se explica lo que ocurre en Ecuador?

"Todo el mundo trata de ubicar el problema a factores más históricos, estructurales, que de hecho tiene sentido, pero yo le doy más peso a lo que denomino "la agencia criminal": desde mi perspectiva, en Ecuador la violencia es una especie de método, constituye una especie de método altamente difundido en las organizaciones criminales y también en la población", dice Pontón, quien entiende la violencia "como un virus que se propaga".

El académico destacó también el bajo porcentaje de resolución de homicidios. Según Pontón, en Ecuador, el porcentaje de casos resueltos no llega al nueve por ciento.

"Tú tienes ahí un problema de institucionalidad, porque el conflicto que deriva en violencia no está siendo procesado por la Justicia, sino que hay una práctica extendida de la justicia por mano propia, por eso es que se hace tan común de que empieza a ser utilizado para resolver problemas de distinta índole", explica el especialista.

CHILE

Chile es otro de los países que está enfrentando importantes desafíos en términos de seguridad pública, pese a mantenerse como uno de los más seguros de la región.

Los últimos datos oficiales muestran cifras que muchos países soñarían con tener: en el primer semestre del año pasado, Chile tuvo 3,2 homicidios cada 100.000 habitantes.

Para este año, las autoridades reportaron un descenso del cuatro por ciento en el primer trimestre de 2024, en comparación con los primeros tres meses de 2023.

No obstante, la inseguridad se ha convertido en la primera preocupación de los chilenos y en uno de los principales temas de la agenda pública del país presidido por el izquierdista Gabriel Boric. No son pocas las voces, incluso cercanas al Gobierno, que piden la participación de los militares en las tareas de seguridad pública.

Pero para el analista chileno Diego Piñol, no se trata de un fenómeno nuevo.

"La preocupación de la ciudadanía por el tema de seguridad en Chile, la verdad es que data de bastante tiempo, ha sido tema de campaña política desde el año 2010, por lo menos; siempre ha estado en las primeras preocupaciones de la ciudadanía", explica el académico del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

Para Piñol, lo preocupante de los homicidios no son los números, "que se mantienen dentro de un rango bastante bajo", sino "la forma en que han ocurrido", esto es, el elevado uso de armas de fuego.

Según cifras oficiales, poco más de la mitad de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego en 2023; un lustro antes, la cifra rondaba el 40 por ciento.

"Las armas de fuego podrían estar vinculadas con el crimen organizado y eso ha provocado mucha alarma pública, y esa alarma pública también está mezclada con otros fenómenos, como el tema de la migración", explica el académico.

Desde hace unos años, las autoridades señalan al grupo criminal Tren de Aragua, creado en Venezuela, como uno de los grandes responsables de la situación de inseguridad que vive el país y en las últimas semanas la presencia de esta organización generó un conflicto diplomático entre ambos países.

El martes pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su par chileno, pusieron paños fríos y acordaron dialogar para avanzar en estrategias comunes contra el crimen organizado.

Piñol, por su parte, relativiza la importancia del Tren de Aragua y el poderío que este grupo podría tener.

"Sinceramente creo que no tiene ninguna ventaja para el Tren de Aragua meterse a Chile", opina el especialista, para quien su país no es "una buena cuna para el crimen organizado de los grupos internacionales".

En los últimos meses, el presidente chileno, que el pasado 11 de marzo cumplió dos años frente al Gobierno, ha presentado varias iniciativas para hacer frente a la inseguridad y el crimen organizado, entre ellas una ley de Infraestructura Crítica.

Según Boric, esta normativa permitirá "contar con dotación militar donde haya que reforzar la acción de la Policía".

Para Piñol, el Gobierno chileno ha perdido la oportunidad de aplicar políticas de seguridad que no estén centradas en lo punitivo o en la participación de los militares.

"La política de izquierda, que detenta una seri de banderas como tradicionales, de defensa de los derechos humanos, de una forma de entender el Estado, más social, etcétera, hay algo en lo que fallan todos: en el tema seguridad ciudadana. Está el recurso de la mano dura, que inicialmente, por así decirlo, teóricamente, uno lo vincula como un pensamiento más de derecha y en realidad quienes han enarbolado esa bandera, inclusive por sobre nuestra imaginación, en América Latina, ha sido la izquierda", opina el académico.

"Para sorpresa de todos los que pensamos que podría ser un reverdecer los laureles de esta política más centrada como en los derechos, en lo social, se termina yendo por el lado de los militares, por el lado del Estado de excepción, por el lado de respaldar completamente a Carabineros (policía militarizada) desde el día uno y cosas por el estilo", cuestiona.

COSTA RICA

Costa Rica está en una situación similar a la de Chile: luego de años de ser uno de los países más seguros de América Central, vio cómo el crimen organizado se afianzaba y el 2023 terminaba con un récord de homicidios y el título de "año más violento de la historia" de la nación centroamericana.

Los 906 homicidios cometidos en 2023 representaron un aumento del 37 por ciento respecto al año anterior, según las cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Para el especialista costarricense Rodrigo Campos, la situación del país es parte de un proceso que puede remontarse a la presidencia de Luis Guillermo Solís (2014-2018), que continuó con Carlos Alvarado (2018-2022) y que se mantiene con el actual mandatario, Rodrigo Chaves, quien asumió el 8 de mayo de 2022.

"Lo que tenemos es el resultado de lo que se hizo. ¿Y qué se hizo? No se innovó, no se actualizó, no se invirtió en seguridad", afirma el académico, quien lamenta que "toda la parte de política social y preventiva se cubre de manera muy incipiente".

Al igual que en Chile y Ecuador, aumentaron los homicidios cometidos con armas de fuego, así como los llamados "ajustes de cuentas", que pasaron de representar el 40 por ciento de los homicidios, "a ocupar alrededor de dos terceras partes" de los asesinatos.

"Esos dos elementos han acompañado esta curva de crecimiento; digamos que sería la consecuencia natural", afirma Campos.

A fines de enero, el presidente Chaves se reunió con el presidente del Congreso y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y definieron diez medidas para hacer frente a la situación.

En términos generales, las propuestas, que están siendo discutidas en el Congreso, endurecen las penas vinculadas al crimen organizado.

Para el especialista, estas medidas son una "clarísima evidencia de la poca integralidad que tienen las decisiones que se han tomado".

"Cuando hablamos de crimen organizado estamos, de alguna manera, pensando en un crimen que opera diferente a la delincuencia común. Entonces, tratar el crimen organizado con medidas carcelarias hace que el problema se vuelva más grande", dice Campos.

Por el momento, la situación en Costa Rica no presenta cambios relevantes. En los primeros tres meses de 2024 se cometieron 214 asesinatos, dos más que en el mismo periodo de 2023, según el OIJ.

Fuente: Sputnik