El juzgado Criminal y Correccional Federal le solicitó a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que "adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos" por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Esto surgió en medio del debate por los altos costos de los operativos. En total, se estima que los gastos superan los $100.000.000 y no hay respuesta por parte del gobierno nacional. "Si los manifestantes no pueden pagar, que paguen con sus bienes", había manifestado la representante del PRO.