El Tribunal Supremo de España recibió más de 15 acciones penales, entre denuncias, querellas y demandas, contra el gobierno de Pedro Sánchez por su gestión durante la emergencia sanitaria. Las presentaciones también apuntan a la Comunidad de Madrid y a los responsables de varias residencias de mayores, donde el virus impactó con más fuerza.

Una de las querellas involucra a 3.268 familias que perdieron a un integrante por Covid-19, que acusaron a Pedro Sánchez y a su gabinete de homicidio por imprudencia, un delito que en España está penado con prisión.

"Presuntos responsables criminalmente de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave", dice el documento, que además propone una indemnización de entre 50.000 y 300.000 euros para cada familia.

En tanto, más de 20 familias de personas mayores que viven en residencias presentaron una querella colectiva contra la Comunidad de Madrid y contra diez directores de residencias privadas, subvencionadas y públicas. Se los acusa por los delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio y denegación de auxilio.

Mientras, ayer se registraron 184 nuevos fallecidos y 661 nuevos contagios en España, un leve repunte en las cifras diarias de víctimas por la enfermedad, que ya se cobró la vida de al menos 27.104 personas y contagió a 228.691.