Por Florencia Golender
fgolender@cronica.com.ar

La selección natural que aún se aplica en el mercado de los alquileres inmobiliarios mejoró esta semana a raíz de la intervención del gobierno porteño que, por primera vez, respondió a alguno de los reclamos de los inquilinos. El más fuerte, el dueño, cederá desde el próximo 20 de septiembre dos de sus históricos beneficios en manos del más débil, aquel que no tiene los medios para comprar su vivienda.

Si bien la resolución que habilita ambos cambios se publicó el último viernes en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires, las medidas entrarán en vigencia recién en ocho días hábiles, es decir, el próximo miércoles 20 de
septiembre. 

Uno de los impulsores de las modificaciones que luego el gobierno porteño transformó en un proyecto de ley, es el frente Inquilinos Agrupados. Su referente, Gervasio Muñoz, dialogó con “Crónica” sobre el impacto que tendrá la nueva norma en un mercado que hace rato beneficia sólo a los propietarios.

“Si bien no resuelve la cuestión de fondo, la Legislatura porteña aprobó un cambio importantísimo ya que hace años que no hay una noticia buena para el inquilino”, aseguró. A su vez, analizó que la modificación en Capital Federal “ya se hizo eco en el interior del país, donde esta semana, también hubo algunos avances en este sentido”.

Disparidad

Aquel que quiera alquilar un departamento o casa para la vivienda en la ciudad debe cumplir con un listado de requisitos. Los clásicos del mercado, donde las inmobiliarias intervienen en la mayoría de los casos, son por demás excluyentes.

Por ejemplo, hasta ahora la comisión (del servicio inmobiliario que contrata el propietario) lo pagaba el inquilino. La modificación es importante, no sólo porque disminuye el monto exigido para el ingreso, sino porque evita prácticas abusivas, como cobrar dos meses de comisión (cuando la ley especifica que sólo se puede cobrar el 4,5% del total del contrato). Este desmán, por supuesto, difícilmente continúe ahora que el que debe pagar es el dueño.

El otro cambio relevante es en el pago de los gestores para chequear documentación que también corrían por cuenta del inquilino. “Esto no es justo, ya que es la inmobiliaria la que decide contratar un gestor para hacer los trámites. A partir de esta normativa, sólo se puede cobrar el pedido de informes (que vale $360) y la certificación de un escribano ($450)”, especificó Muñoz.

Perder, una vez

Cuando el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmó el decreto 336/17, las inmobiliarias pusieron el grito en el cielo. Desacostumbradas a perder cualquier “batalla”, lo de la comisión fue un baldazo de agua fría. 
En seguida, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad advirtió que la decisión de la Legislatura “aumentará el precio de los alquileres”.

La medida es “injusta y arbitraria”, se quejaron, además afirmaron que “los propietarios ya han manifestado que lo trasladarán al precio”.

El referente de Inquilinos Agrupados sostuvo que “eso no tiene por qué ocurrir”. De hecho, probablemente se traduzca en que el primer pago del mes, el dueño lo destine a pagar la comisión de la inmobiliaria, y listo. El verdadero motivo del enojo es la injerencia del Estado en contra de intereses que nunca antes había puesto en duda.

Deuda pendiente

Entre tantos requisitos, uno de los que más traban la posibilidad de alquilar es el tema de las garantías. “Los martilleros suelen pedir que el inmueble ofrecido como garante sea de Capital Federal y de familiar directo -explicó Muñoz-, una gran complicación para aquellos que vienen del interior o que simplemente no tienen un familiar propietario”.

El jefe de gobierno porteño adelantó esta semana que se va a “armar una mesa de trabajo para analizar el tema de la garantía, hay muchas familias que no pueden alquilar porque no tienen acceso a una garantía”.

Según adelantó Muñoz, “el gobierno podría incentivar que se suplante la garantía por un seguro (probablemente ofrecido por los bancos). La mejor solución sería que el Estado sea el garante, como ocurre en otras partes del mundo”.

“En especial -continuó- para los trabajadores que no pueden acreditar ingreso permanente. Como los monotributistas o los temporarios”. Vale mencionar que las inmobiliarias piden, en general, que el ingreso del inquilino supere tres veces el valor del alquiler.

En definitiva, “lo de la comisión es un gran logro pero la verdadera conquista descansa en el Congreso de la Nación y es la Ley Nacional de Alquileres que se propone regular los precios (ya aumentaron 37% en lo que va del año) para que se indexen de acuerdo con la inflación y, a su vez, extender el tiempo de los contratos”.

“Por eso el gobierno de la ciudad avanzó sobre estos puntos, quita la presión real al Ejecutivo nacional sobre la ley que ya aprobó por unanimidad el Senado”, concluyó Muñoz.