La presentación requirió dos recursos ante el juzgado federal de Esquel, el primero para el cierre del Hábeas Corpus, a cargo del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y el restante ante Lleral para el cambio de carátura, que ya había solicitado la fiscal Silvina Ávila.

Tanto la carátula como el Hábeas Corpus se originaron en la denunciada desaparición de Maldonado, el 1 de septiembre del año pasado, luego de un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche Resistencia Cushamen, en el oeste de Chubut, 90 kilómetros al norte de Esquel.

Más de un mes y medio más tarde, el 18 de octubre, el cadáver de Maldonado fue hallado en el río Chubut, frente a la comunidad mapuche, y la autopsia del cuerpo -de la que participaron decenas de expertos de todas las partes involucradas- estableció que el joven murió ahogado y descartó la posibilidad de que haya sido agredido físicamente o el cadáver trasladado hasta el lugar.

Los familiares de Maldonado y los integrantes de la comunidad mapuche habían denunciado originalmente la desaparición forzada del joven, lo que Ávila llevó a la carátula de la investigación, y luego de la autopsia la fiscal solicitó el cambio, que Lleral rechazó a fines del año pasado.

Ahora los abogados de Seguridad insistieron con el pedido, reclamando al mismo tiempo el cierre del proceso de Habeas Corpus, basado en la aparición del cuerpo y el conocimiento de la causa de muerte.

Ambos recursos habían sido anticipados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en diálogo con Radio 10 sostuvo que la justicia federal debería acceder a los pedidos, tras lo que se interrumpirá "el ingreso económico mensual destinado a poder pagar todos los costos que requiera la investigación por la muerte del artesano", establecidos por ley.