"Yo ayudé a construir la casa de donde la Justicia nos echó. La Justicia nos desalojó de allí a mí y a mi hija de solo nueve años entonces ¿Para qué? Para que conviertan ese lugar en un hotel alojamiento del personal de una empresa multinacional de gaseosas. Esa es la verdad, mientras ellos hacen fiestas, nosotras (madre e hija) vivimos a orillas del río Ancho en una pieza, sin baño, sin seguridad, abandonadas", denunció Marta Milagro Ajaya (31).

La mujer relató a El Tribuno que durante dos años y medio recurrió a todas las instituciones y a todos los juzgados y defensorías. Compiló más de 300 denuncias y presentaciones en OVIF (Observatorio de Violencia Intrafamiliar) y las organizaciones de derechos de las mujeres, también de los niños y, por supuesto, a las defensorías, de la 1 a la 10.

"Nuestro inodoro es hoy un tacho de pintura de 20 litros, que luego de usar volcamos su contenido al río. Así nos condenó la Justicia al desalojarnos de mi casa, hoy convertida en un hotel alojamiento de los amigos de mi expareja, que está de más decir que tampoco aporta un solo peso de alimentación", graficó Milagros su situación actual.

La mujer aseguró que hizo todo para que le restituyan la casa de su hija, reconocida legalmente por su padre. "La Justicia me deniega ese derecho a través de la burocracia que cansa y mata, pero yo sigo insistiendo que la condena es sobre mi hija de 11 años".

"Me obligaron a ir a un psicólogo, obviamente para que este cobre su sueldo, me hicieron hacer un curso de "crianza' para darme la tenencia, cuando yo trabajaba en tres partes para alimentar y educar a mi hija. Yo les podría haber dado cátedras de "crianza' a esos profesores, porque yo llevó a mi hija a la escuela, la dejo, voy a limpiar una casa, salgo la recojo y entro en otra, donde comemos, y más luego finalizo mi jornada en una oficina y casi de noche vuelvo a mi casa del río, a Dios rogando".

"Seis o siete organizaciones de ladrones disfrazados de ayuda visité; se pasaban la pelota uno a otro. Hoy mi casa está a la venta y nadie hace nada, mientras yo sigo a la orilla del río con una niña casi adolescente suplicándole la restitución de un derecho que no perdimos, sino que nos deniegan".

El momento del desalojo

"Como pareja ya habíamos terminado, pero cuando yo le dije que no iba más, se puso violento. Allí comenzaron las denuncias por sus malos tratos. Luego, cercado por la evidencia, me prometió que nos iba a ayudar con dinero para la comida, pero solo fueron unos días. Este hombre, llamado Rubén A. L., trabajador de una empresa multinacional, decidió encerrarnos. Sí, se iba a trabajar y nos echaba llave para que no me fuera con nuestra hija, mientras él convivía con la "otra". Un día escapé y lo denuncié por el encierro y la reducción esclavizante. Entonces me dijo que volviera con él y que levantara la denuncia a cambio de la casa, pero ya era inaceptable. Me fui y aquí a la orilla del río Ancho resistiré hasta que me escuchen".

Marta, aseguró que no tenía opciones y quiso recuperar su casa e ingresó a ella para habitarla, pero fue echada por orden judicial.

"Imposibilitada de todo y mal mirada hasta por los que me asistían, decidí volver a mi casa. De allí me echaron tirando la puerta abajo. No pude más y me vine a un basural y ladrillo a ladrillo hice esta pieza, mi cárcel, nuestra cárcel. Que todos sepan que a mí no me doblegó la burocracia, que estoy entera, pero la última batalla la estoy librando por los derechos de mi hija de solo 11 años”, finalizó.