Cataluña se ganó “el derecho a tener un Estado independiente”, afirmó el presidente regional este domingo tras la organización de un referéndum de autodeterminación prohibido, marcado por intervenciones policiales y ganado masivamente por el sí según su gobierno. 

"Con esta jornada de esperanza y también de sufrimiento, los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república”, afirmó Carles Puigdemont en una solemne alocución rodeado por todo su ejecutivo. 

Según los datos ofrecidos por su gobierno, más de 2,2 millones de personas participaron en la votación de las que un 90% apostó por el sí. Con esta victoria, la mayoría independentista del parlamento regional había prometido declarar la secesión de esta región del noreste de España. 

El voto quedó lastrado por la intervención de la policía española para cerrar varios puntos de votación, protegidos desde antes de la madrugada por multitudes de personas. Más de 800 manifestantes tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencias afirmó el gobierno. 

Puigdemont acusó a Madrid de ejercer un “uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia” pero el jefe de gobierno español Mariano Rajoy contestó que las fuerzas de seguridad “han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la justicia”. 

Al intervenir, los agentes no dudaron en cargar contra aquellos que opusieron resistencia, echando mano de porras, empujones y pelotas de goma, según varios testigos interrogados por la AFP. 

"Se han llevado las urnas por la fuerza, porque los presidentes de las mesas agarraban las urnas con las dos manos y se las arrancaban literalmente de las manos”, explicó Marc Carrasco, apoderado de un colegio barcelonés. 

Los servicios regionales de salud atendieron a 844 personas, entre las cuales había 92 heridos graves y menos graves. Uno fue alcanzado por una pelota de goma en un ojo y otro sufrió un infarto durante una incursión policial, señaló un portavoz regional de Salud. El ministerio del Interior informó así mismo de 33 agentes atendidos médicamente.

"Hemos votado"

A pesar de todo, se pudo votar en numerosos centros, donde se formaron inmensas colas de gente. “He llorado porque hace años que luchamos por esto, y he visto delante de mí una mujer de 90 años en silla de ruedas que votaba”, contó en el pequeño pueblo de Lladó Pilar López, administrativa de 54 años. 

"Nos lo han puesto difícil pero finalmente pudimos votar. La gente es persistente, no deberían subestimarnos”, celebró tras cerrarse los colegios Meritxell Casademont, profesora de 50 años en el barrio barcelonés de Gracia, entre cientos de personas gritando: “¡Hemos votado!”. 

Anticipando el cierre de colegios, el gobierno regional instauró a última hora un censo único para que los 5,3 millones de electores pudieran votar en cualquier centro. Eso permitió votar a Puigdemont, cuyo centro fue desalojado por la fuerza por la Guardia Civil. 

Pero muchos no independentistas, como Enrique Calvo, jubilado de 67 años del barrio unionista de Nou Barris, optaron por abstenerse para no “legitimar el proceso”. “Esto está mal hecho tanto por el gobierno catalán como por el gobierno central en Madrid”

"Me da mucha pena haber llegado a esto por la fijación del gobierno catalán en hacer un referéndum ilegal”, criticaba Alexandra López-Liz, una abogada de 39 años en el rico barrio de Sant Gervasi.

Apelación a Europa

El referéndum, cuya pregunta es “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?”, culmina años de creciente tensión entre Madrid y el gobierno de esta región con lengua propia, que cuenta con 7,5 millones de habitantes y representa el 19% del PIB español. 

Aunque divididos sobre la cuestión de la secesión, más del 80% de los catalanes reclama esta consulta, rechazada por el gobierno de Rajoy, que la considera anticonstitucional. 

Desde su convocatoria a principios de septiembre, rápidamente suspendida por el Tribunal Constitucional, las instituciones españolas emplearon todos sus recursos para impedirla, incluyendo el envío de 10.000 refuerzos policiales, sin conseguir laminar la determinación de Puigdemont. 

Si bien Rajoy pidió comenzar a partir del lunes “el restablecimiento de la normalidad institucional”, los ánimos en Cataluña parecen ir en sentido contrario. 

Una plataforma con 44 organizaciones, entre ellas los dos grandes sindicatos UGT y CCOO y las dos principales asociaciones independentistas, llamó a una huelga general el 3 de octubre para condenar “la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”. 

Y Puigdemont prometió trasladar en los próximos días el resultado del escrutinio al parlamento regional, dominado por sus partidarios, para que declare la independencia de la región una vez confirmada la victoria.