Un brutal hallazgo causó conmoción en Colombia y vuelve a poner en los primeros planos las denuncias de violaciones de derechos humanos en las represiones durante las protestas contra el presidente Iván Duque.

Según informó a través de Twitter la senadora Griselda Lobo, más conocida como Sandra Ramírez, encontraron una cabeza humana en el interior de una bolsa de plástico, que fue abandonada en el jardín de una vivienda.

El escalofriante hecho se produjo en el corregimiento Aguaclara, en el Tuluá del departamento colombiano de Valle del Cauca, en Cali.

De acuerdo a la legisladora, la víctima es Santiago Ochoa, a quien "capturaron, torturaron y decapitaron", aunque no precisó quiénes serían los responsables.

Sin embargo, en un tuit anterior, la legisladora había denunciado que "están encontrando jóvenes decapitados y desmembrados en los ríos y bodegas", que "fueron capturados por la policía y paramilitares".

Ochoa, de 23 años, había participado en las protestas antigubernamentales que se registran en Colombia desde el 28 de abril; y formó parte de la "primera línea" en las manifestaciones que se registraron en Tuluá, según rindicó Semana.

El joven había salido el pasado sábado de su casa en una bicicleta y como no volvió su familia reportó la desaparición en algunas redes sociales, hasta que finalmente se produjo el hallazgo. De acuerdo con las primeras versiones, la bolsa habría sido abandonada en el lugar por unos motorizados.

Por su parte, el comandante de la Policía del departamento del Valle del Cauca, Jorge Urquijo Sandoval, publicó un video en su cuenta en Twitter, en donde exime de responsabilidad de este hecho a integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuerpo policial al que le atribuyen violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones.

"Es importante aclarar que una vez retornado el orden público en el municipio de Tuluá, desde hace aproximadamente un mes, no existe ningún procedimiento por parte de uniformados del Esmad en este municipio y rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables que se están haciendo a través de redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos", subrayóUrquijo.

Además, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos colombianos (poco más de 2.600 dólares) "para lograr la captura de los autores materiales e intelectuales" de este hecho.

Hasta el momento, se desconoce el lugar donde se encuentra el resto del cuerpo del joven asesinado.

Un nuevo muerto en otra jornada de protestas contra Duque

Un hombre murió en nuevas movilizaciones en Bogotá contra el Gobierno del presidente Iván Duque otra vez reprimidas por las fuerzas policiales.

Desde que comenzó la crisis se contabilizaron más de 60 muertos en siete semanas de protestas, informaron este martes autoridades y ONGs opositoras.

Jefes policiales y funcionario del Gobierno dijeron que la víctima, de 32 años, murió el pasado lunes "en confrontaciones" en el sur de Bogotá al recibir un impacto en el pecho en circunstancias que se investigaban, pero organizaciones de derechos humanos denunciaron que policías le arrojaron una granada de gas lacrimógeno.

Lamentamos "la muerte de un ciudadano en medio de las confrontaciones que se desarrollan desde tempranas horas en la localidad de Usme", en el sur de Bogotá, detalló el comandante de policía de la ciudad, general Óscar Gómez.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, identificó a la víctima como "Jaime Alonso Fandiño, un hombre de 32 años".

"Después de un diálogo con la médica que lo atendió, se estableció que Jaime recibió un impacto en el pecho por un objeto contundente muy probablemente a muy corta distancia", precisó Gómez.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que policías arrojan granadas de gas lacrimógeno.

"Hemos solicitado la mayor celeridad en el esclarecimiento de este caso. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para que sea necropsia la que haga un dictamen definitivo de las causas del deceso", agregó.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que Fandiño murió al recibir "un impacto de una granada de gas lacrimógeno en su pecho" que fue disparada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) las fuerzas especiales de la policía colombiana, informó la agencia de noticias AFP.

Imágenes divulgadas por autoridades locales muestran a miembros del escuadrón usando bombas aturdidoras para dispersar a un grupo de manifestantes armados con piedras.


Según autoridades civiles y la Defensoría del Pueblo (ombudsman), al menos 63 personas murieron desde el 28 de abril, cuando multitudes se tomaron las calles para marchar contra un proyecto para elevar impuestos a la clase media. Dos de los fallecidos eran uniformados. 

Si bien la iniciativa fiscal fue retirada, las manifestaciones se mantuvieron, avivadas por una violenta represión policial que fue condenada por la comunidad internacional.

La ONG Human Rights Watch asegura tener " evidencias creíbles" de que " la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales" y a otros tres "por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras".


Aunque el Comité Nacional del Paro, el sector más visible de la protesta, suspendió las movilizaciones la semana pasada, otros sectores inconformes mantienen activas las marchas, concentraciones y bloqueos en varios puntos de Bogotá y Cali, tercera ciudad del país y epicentro del sangriento estallido social.

Lo que comenzó con una protesta contra impuestos terminó en un movimiento que exige una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia del Covid, que elevó la pobreza del 37% al 42% de la población.

El Gobierno sostiene que organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico se infiltraron en la protesta.

Colombia atraviesa el tercer pico de contagios de Covid.


Por otra parte, Duque responsabilizó a las movilizaciones por el agresivo tercer pico de contagios, que lleva varias semanas con récords de muertes y contagios diarios, y ya deja más de 100.000 fallecidos en el país sudamericano

Expertos dicen que la situación se agravó con el relajamiento de las normas de autocuidado y la reapertura decretada por el Gobierno para mitigar el descalabro de la economía. Pero el mandatario sostuvo: "Más de 10.000 muertes se hubieran prevenido si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas 6 o 7 semanas".

La protesta reunió "mucha gente aglomerada, gritando, sin tapabocas por mucho tiempo" y aunque "pudieron estar en ambientes abiertos era muy fácil (que el virus) entrara por la boca y nariz" de los manifestantes, explicó Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana, a AFP. Además, "la gente que estaba aglomerada era la gente no vacunada", agregó.

Renunció la máxima autoridad de DDHH de la capital de Colombia

El director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Andrés Idarraga, renunció este martes ante lo que calificó de "tibieza" de la Alcaldía de la capital colombiana, ante las "torturas" y otros "abusos" cometidos por la policía en medio de las protestas contra el Gobierno nacional, que se reactivaron en los últimos días.

Además, Idarraga lamentó que un informe presentado por la Alcaldía de Bogotá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no haya asumido "críticamente la lectura de la situación" de las protestas contra el Gobierno del presidente Iván Duque iniciadas el 28 de abril, cuya represión ya dejó más de 60 muertos.

Esta posición, según dijo Idarraga en un comunicado, resulta especialmente chocante después de que "la Policía se insubordine al Gobierno civil y cometa agresiones de forma sistemática, intimide a la población y continúe en los territorios como si nada pasara" ante "la falta de claridad y contundencia" del Gobierno local de la alcaldesa Claudia López.


"La Administración tiene la responsabilidad de ser garante de los Derechos Humanos, esto implica que ante situaciones de abuso policial, por respeto a las víctimas y la ciudadanía, se asuma una postura clara como primera autoridad, se emitan instrucciones y tomen las medidas a que haya lugar", reprochó Idarraga al Gobierno de la ciudad.

En este sentido, dijo que la Secretaría de Gobierno capitalina " está en mora de asumir una postura clara, vehemente y pública con los métodos de la Policía", mientras que consideró  "perturbador" que algunos de los agentes de la policía que presenciaron "la tortura a ciudadanos" permanezcan en servicio.


"La tibieza ante el abuso policial puede seguir costando vidas", advirtió en su carta de renuncia, publicada en su cuenta de Twitter.

Sobre el informe presentado a la CIDH, que visitó hace unas semanas el país para evaluar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas antigubernamentales, Idarraga criticó que se centrara en el vandalismo, algo que es "definitivamente muy grave". No obstante, "ante la naturaleza del informe, darles mayor valor a estos hechos en comparación con las graves violaciones de derechos humanos resulta ser un desacierto institucional", dijo.

Así, el director de Derechos Humanos de la ciudad resumió los motivos de su dimisión en la "falta de postura ante las violaciones de los Derechos Humanos en la ciudad", el "desconocimiento de la ciudad y del papel de la Dirección de Derechos Humanos" y la "ambigüedad en el informe presentado a la CIDH".

Fuente: Télam

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