Finalmente el habeas corpus presentado por los defensores de Luiz Inácio  Lula da Silva fue rechazado en forma cautelar por el presidente interino del STJ  Humberto Martins, que deberá abordar el asunto junto a cinco integrantes en la máxima corte penal. 

A pesar del revés, la defensa sostiene que el cumplimiento de la pena tras la confirmación es inconstitucional y citan el artículo del Código Procesal Penal que determina que la prisión debe ocurrir "en consecuencia de sentencia condenatoria transitada en juzgado"

El Tribunal Federal Regional 4 de Porto Alegre condenó el miércoles pasado a Lula a 12 años y un mes de prisión, confirmando la sentencia por corrupción dictada en primera instancia.
La corte de apelaciones ordenó su detención una vez agotados los recursos en la segunda instancia, algo que puede ocurrir en un plazo cercano a 40 días. 

Según una fuente judicial, una eventual detención del ex mandatario lo obligaría a cumplir la pena en la cárcel de Tremembé, interior del estado de San Pablo. 

Para el líder del PT, "la privación de la libertad durante la campaña electoral constituiría un prejuicio irreversible de las prerrogativas democráticas del país".