El Gobierno de Bolivia apeló la sentencia del denominado caso "Golpe de Estado II", que dispuso en julio último 10 años de cárcel para la ex presidenta transitoria Jeanine Áñez, en un paso que busca "justicia para el pueblo boliviano", informó este martes el ministro de la administración del país vecino Eduardo Del Castillo.

"Como Ministerio de Gobierno, estamos pidiendo lo que está estipulado conforme a derecho; el Ministerio ha impugnado la primera instancia que ha sido emitida contra Áñez, de 10 años; estamos pidiendo que sea 15 años la sentencia", enfatizó Del Castillo, máximo responsable de esa cartera.

Y agregó: "Por todas y cada una de las acciones efectuadas por la señora Áñez, entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, manifiesta el Código Penal vigente que se le debería dar una sentencia por 15 años de privación de libertad".

Según el funcionario, el Ejecutivo "no pretende lograr más o menos años, sino que se busca justicia para el pueblo boliviano", informó Télam.

Tras un proceso de varios meses, Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, bajo el argumento de que asumió ilegalmente la Presidencia en 2019.

La ex primera mandataria, por su parte, también apeló la sentencia, pero en su caso en busca de que se anule el proceso en su contra por entender que se vulneraron sus derechos y garantías.

Áñez permanece presa desde marzo de 2021 por su papel en la crisis política de noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales dejó el cargo tras presiones de la oposición y parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron los resultados electorales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció irregularidades.

En el mismo juicio también fueron condenados a 10 años por los mismos delitos el ex comandante de las Fuerzas Armadas William Kalimán y el ex jefe de la Policía Yuri Calderón; ambos prófugos.

Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el caso denominado "Golpe de Estado I", en la que es investigada por sus actos como presidenta; y otro por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.