Por Tamara Bezares 


Culminando esta semana nos encontramos con dos casos que han salido a la luz en los medios de comunicación y que tienen un mismo conector: la reivindicación de la venganza por una gran parte nuestra sociedad.

El primero es el caso de Jorge Adolfo Ríos, jubilado, quilmeño, que se encuentra imputado hoy por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, tras haberle disparado y quitado la vida a Franco Moreyra quien había ingresado a su domicilio con intención de robo junto a otras personas. El segundo, otro jubilado en Mar del Plata, quien también causó la muerte de manera inmediata a un individuo, presunto delincuente, que había ingresado en la madrugada del jueves a su domicilio. Ambos hechos son analizados por la justicia sobre la presunción de legítima defensa (art. 34 inc. 6 y 7 del CP) la que, de comprobarse, sería una causa de justificación de los homicidios perpetrados.

En el caso de Ríos, los resultados de la autopsia y las pericias (psicológica y balística) a realizarse, determinarán su culpabilidad y, por ende, su suerte judicial. 


Sin embargo, fuera del ámbito judicial, se pone en evidencia una realidad social imperante y, consecuentemente, el análisis va más allá de corroborar la legítima defensa, o bien su exceso. Es decir, la discusión se centra en la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales—a las que se ha delegado el monopolio del uso de la fuerza—y, como consecuencia, la reivindicación de la venganza. Tal circunstancia resulta peligrosa, ya que ese manejo de la fuerza en manos de los ciudadanos no cuenta con los mismos estándares de seguridad y respeto de los derechos humanos.

La lucha del estado contra el crimen debe darse dentro de ciertos límites; los cuales exigen el apego a los procedimientos legalmente establecidos. Por el contrario, la lucha entre los ciudadanos pareciera no tener ninguna limitación, como si nos hubiéramos retraído al estado de naturaleza—donde el hombre es el lobo para el hombre—e, independientemente del apelativo dado, ya sea delincuente, ya sea persona de bien, solo prima la sed de venganza.

Por ello, esta validación del sentimiento de inseguridad y abandono estatal, y consecuente venganza—o justicia por mano propia—lejos de mantener el estado de derecho que, en definitiva, existe para brindar seguridad a todos, genera el sentimiento contrario, una inseguridad progresiva. 

La autora es Abogada (T 95 F 631)

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