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Hace poco más de tres años, en mayo de 2016, el actual presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, acusó a la política económica del kirchnerismo de haber fomentado "una burbuja de crecimiento" sobre la base de alentar un sobreconsumo, atrasar las tarifas de servicios públicos y de haberle hecho creer "a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior".

Esa postura sirvió de argumento para lo que el gobierno llamó "sincerar" las variables económicas, en especial las tarifas de gas, luz, agua, transportes y combustibles, que se encontraban subsidiadas por el Estado. En lo que se llamó "política de gradualismo" para el equilibrio fiscal, fueron reduciéndose los subsidios, cuyos montos pasaron a pagar los usuarios.

Pero simultáneamente se autorizaron subas de tarifas, y en algunos casos hasta se dispuso dolarizarlas. Esto dejó con cada vez menos capacidad de consumo a gran parte de la población, lo que impactó en las industrias y comercios, que a su vez sufrieron fuertes aumentos en sus costos. El cierre de casi 20.000 empresas en lo que va del mandato de Mauricio Macri y la pérdida de cientos de miles de empleos, con el consecuente aumento de la pobreza, lleva a preguntarse si no había otra manera de "sincerar" los números.

Los dichos de González Fraga tienen un antecedente en 1997, cuando Domingo Cavallo fue consultado por el aumento del desempleo registrado durante la aplicación del modelo económico de ese entonces, que además de la convertibilidad del peso con el dólar incluyó las privatizaciones de las empresas de servicios públicos -casualmente, gas, luz, agua y también telefonía fija-, además de las estatales YPF y Aerolíneas Argentinas, entre otras.

El ex superministro atribuyó el origen del problema a "las malas políticas de los 80, cuando el trabajo en los papeles había crecido un millón de puestos, pero la economía había caído el 10%. Eran empleos improductivos, desocupación disfrazada de empleo público". Otra vez, se había "sincerado" una situación artificial. Y otra vez la pregunta: ¿un gobierno no debe contemplar las consecuencias económicas y sociales de sus políticas, más allá de su propósito de poner los números fiscales en orden?

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