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Desde sus orígenes como país, la Argentina es reconocida mundialmente por su potencial en la producción de gran cantidad y variedad de alimentos. "El granero del mundo" fue una frase repetida durante varias generaciones. En estos años se insiste con que el país tiene la capacidad de producir lo suficiente como para alimentar por año a cerca de 400 millones de personas, cifra que representa nueve veces su población.

Sin embargo, un informe publicado días atrás por Barómetro de Deuda Social de la Infancia, de la Universidad Católica Argentina (UCA) -con datos relevados a lo largo de 2017-, indicó que el 17,6% de los niños sufrió un déficit en sus comidas y el 8,5% directamente pasó hambre.

Como dato complementario, el reporte indicó un aumento constante de la asistencia a comedores infantiles, tendencia que continuó durante lo que va de 2018 también en el caso de los adultos, tal como corroboraron públicamente dirigentes de organizaciones sociales que se reunieron con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Esos movimientos ya anunciaron que el próximo jueves pedirán comida y otros artículos de primera necesidad a los supermercados de todo el país, con la modalidad de piquetes y ollas populares. Y lo más preocupante es que este fenómeno se viene registrando en los últimos años con gobiernos de distinto signo político, aunque representa un leve progreso respecto de los tristemente célebres saqueos de 1989 y 2001: por lo menos se peticiona desde afuera y se acuerda con los establecimientos qué se les puede dar.

Sin embargo, es una síntesis tan vergonzosa como precisa de cómo la clase dirigente -política, empresarial y, en cierta medida, también la sindical- arruina las posibilidades del país.