En las últimas semanas, afirmaciones de altos funcionarios del gobierno frente a los crecientes problemas de diversos sectores de la industria nacional generados a partir de la apertura económica reflotaron un pensamiento que, si bien se planteó en anteriores oportunidades, en esta ocasión ha registrado llamativamente más respaldo del habitual entre comunicadores seguidos por mucho público.

Las declaraciones primero del ministro de Economía, Luis Caputo, y luego de su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y hasta del propio presidente Javier Milei cuestionando a empresas y empresarios de los sectores textil, neumáticos, aluminio, acero, automotor, etc., en el sentido de que estarían "acostumbrados a cazar en el zoológico" -gracias a muchos años de políticas proteccionistas de otros gobiernos-, se han formulado en distintas oportunidades. Históricamente se lo hizo para cuestionar a gobiernos peronistas, un poco al del radical Raúl Alfonsín y en los últimos años con especial énfasis a las administraciones kirchneristas.

Sin embargo, en todas esas ocasiones, la crítica a los beneficiarios del sistema que los sobreprotegía se formulaba a continuación de descargar cuestionamientos hacia los funcionarios del gobierno de turno, sindicados como los responsables casi excluyentes de que los consumidores argentinos debieran "conformarse con pagar caro bienes de poca o mala calidad", lo cual muchas veces fue descripto como "un robo" a la gente.

A diferencia de esos momentos de la historia, en estas semanas se escuchó a empresarios reconocer que se abusaron de la posición favorable que supieron tener. Fue algo que sorprendió porque, en tiempos pasados cuando se los consultaba sobre el tema, solían salir del paso con evasivas o respuestas muy ambiguas.

Pero es en este punto donde cabe marcar el punto de cierta doble vara aplicada por medios y comunicadores sobre el tema, ya que en épocas de otros gobiernos, cuando se planteaba que los empresarios remarcaban sus precios exageradamente con la excusa de algún brote inflacionario, la lupa de los analistas solamente apuntaba a las políticas económicas y a los aspectos macro. Inclusive hasta se ensayaban defensas de esas empresas que remarcaban, al decir que estaban en todo su derecho de fijar los precios que estimaran y que, si se iban demasiado arriba, simplemente dejarían de comprarles por lo cual deberían bajar los valores hasta un punto "lógico".

El doble discurso queda en evidencia ya que en tiempos pasados además se defendía la idea de que cada empresario buscara maximizar sus ganancias -"para eso están", se repetía en muchos medios- y resulta que ahora parece que se "descubrió" que se aprovechaban escandalosamente de la protección en perjuicio de los consumidores.