El empresario Enrique Blaksley Señorans, llamado "El Madoff argentino", y otros tres miembros de la empresa Hope Funds S.A fueron procesados y continuarán detenidos, acusados de haber damnificado a unos 300 ahorristas en la que se cree que es la mayor estafa en la historia del país

La medida fue dictada por la jueza federal María Servini, quien halló responsables a los cuatro imputados de "asociación ilícita, estafas reiteradas en al menos 318 oportunidades, lavado de activos de origen ilícito y captación de ahorros no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública".

Además, la magistrada embargó los bienes de Blaksley, en una suma exhorbitante, 3.000 millones de pesos, y procesó con prisión preventiva a su cuñado y gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué.

En la resolución, procesó a quien le atribuyó ser el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino, y a la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega, a quienes embargó en 2.767 millones de pesos.

En los fundamentos del fallo de 337 carillas, Servini sostuvo que “de lo actuado hasta el momento, surge que Blaksley, con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega montó una estructura empresarial compleja que se destinó tanto a la defraudación de privados, como del fisco nacional”.

“Esa organización se implementó de tal manera que también permitió la reinserción y puesta en circulación en el mercado financiero, dando apariencia de licitud al dinero mal habido”, aclaró la jueza, que remarcó que “se creó una estructura por intermedio de la cual defraudó a un sin número de personas por montos de dinero multimillonarios”.

Para la jueza, Blaksley “con las sumas dinerarias confiadas, amplió aún más esa estructura, mediante la inversión en diferentes emprendimientos y la creación de nuevas sociedades, muchas de las cuales eran y son sólo cáscaras, es decir, sociedades con nombre y capital social, pero sin funcionamiento alguno”.

El fallo destacó que, en un principio, el titular de Hope Funds cumplió con el compromiso asumido en los contratos y de esa manera se ganó la confianza de sus clientes, quienes a su vez promocionaban a la empresa, sin saber lo que en verdad ocurría en ella y les acercaban nuevos interesados.

Así, se firmaban los mutuos en pesos y dólares, según adonde se dirigía la inversión, y se arreglaba un porcentaje de rédito, el cual debiera haber guardado relación con el destino del dinero, pero que muchas veces no lo hacía.

De esta manera, los recursos obtenidos se desviaron hacia otras vías, tales como negocios personales de los miembros del grupo Hope Funds, tanto dentro del ámbito nacional como del internacional. 

La asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016, estaría constituida por unas 15 personas, las cuales desde su rol aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en distintos países como Estados Unidos y Panamá.

Otro de los productos ofrecidos eran participaciones o construcciones futuras en emprendimientos urbanísticos como departamentos en Nordelta y el barrio privado Verazul de Pilar, que nunca se pudo construir.

“Lo sucedido entre el Grupo Hope Funds y las distintas personas presentadas en el expediente no puede limitarse a un mero incumplimiento contractual, por el contrario, los elementos de prueba y constancias analizados permiten afirmar con el grado requerido para esta instancia que todo lo ocurrido fue una estafa multimillonaria”, remarcó Servini.

Agregó que “contribuía al armado perfecto para la defraudación materializada” la pretendida imagen que se intentaba mostrar de Blaksley “como un hombre de negocios exitoso que se dedicaba a comprar empresas, inyectarles capital y hacerlas aumentar de valor y que tenía una influencia tal que le permitió acceder a encuentros con dos Sumos Pontífices diferentes (Francisco y Benedicto XVI)”.

Además, se recordó que participó de eventos deportivos de renombre (como los partidos entre Roger Federer y Juan Martín del Potro o al visita del velocista Usain Bolt) “en los cuales se encontraban involucrados diferentes estamentos estatales, Municipalidad de Tigre y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En la misma resolución, la jueza citó a declaración indagatoria a cuatro cinco nuevos imputados en la causa, María Paola D’Angelo, Olga Masdeu, Felipe Badino, Federico Terán y Augusto Martínez Marti, le dictó la inhibición general de bienes y les prohibió la salida del país.

También ordenó allanar y secuestrar documentación de cuatro inmuebles de Capital Federal que estarían vinculadas a las sociedades investigadas en la causa.

Otra medida fue requerir a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) información sobre 19 ciudadanos bolivianos y chinos que aparecen como inversores en Verazul y que no tendrían la capacidad contributiva suficiente.