Un hombre fue sentenciado por la Justicia de Salta a la pena de tres años de cárcel condicional por haber adulterado el DNI de otra persona para usarlo como propio, quien no pudo casarse ni votar.

La sentencia fue ordenada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta. El juez Federico Santiago Díaz determinó que Jorge David Ari Canaza o Mamani Arias Canaza falsificó el Documento Nacional de Identidad de Gabriel Fernando Ávila, al tiempo que ordenó la destrucción del mismo y que se "proceda a regularizar la situación" de la víctima.  

En este sentido, el magistrado remitió los oficios al Registro Civil y demás organismos pertinentes para informar sobre su resolución.

Ávila explicó que años atrás su madre viajó a Bolivia, en el que perdió su documento y también el de su hermano, situación a la que no le prestó atención. Sin embargo, al momento de sufragar descubrió que su nombre aparecía con domicilio en Salta capital.

El damnificado, vecino de la ciudad de Tartagal, denunció el hecho en 2012, cuando al ir a votar por primera vez, detectó que otro individuo utilizaba su mismo número de DNI.

En 2016, se enteró de que debía multas de tránsito. Es que cuando se presentó a las oficinas de tránsito del municipio para gestionar el carnet de conducir y fue informado de que debía pagar una multa de infracción cometida en esa ciudad. Sostuvo que eso era imposible, ya que era la primera vez que realizaba el trámite del carnet y que nunca había vivido en la capital salteña.

Además, tampoco pudo contraer matrimonio. En el Registro Civil le indicaron que no podía casarse debido a que había un hombre con sus mismos datos, aunque con características físicas diferentes. 

En ese contexto, la víctima decidió radicar la denuncia por usurpación de identidad en el fuero ordinario, pero el Ministerio Público Fiscal aseguró que la causa fue archivada.

Posteriormente, el denunciante acudió a la Sede Descentralizada de Tartagal, que giró la investigación a la Unidad Fiscal de Salta, dado que el presunto autor del ilícito residía en el barrio San Alfonso.  

El fiscal general Carlos Martín Amad ordenó las tareas de campo preliminares. Luego, solicitó la detención del sospechoso y el allanamiento de su casa.

El imputado, identificado como Jorge David Ari Canaza o Mamani Arias Canaza, se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, que logró establecer su responsabilidad penal en el suceso.  

Entre otras conclusiones, la fiscalía logró determinar que efectivamente había dos personas que usaban el número de DNI de Ávila: una era el propio afectado, con domicilio en Tartagal, y el otro era el acusado, con residencia en Salta, con trámites realizados en el año 2013 y en el 2016 respectivamente.  

El magistrado procesó a Canaza sin prisión preventiva a fines de 2023 y elevó el caso a juicio oral. Las partes acordaron llevar a cabo un juicio abreviado, que fue homologado por el juez Díaz y Arias Canaza en el que el acusado fue sentenciado a tres años de prisión condicional.