Tres años de prisión, en suspenso, a Nélida Caballero, la cocinera del ex ministro de Planificación Julio De Vido, acusada de lavado de dinero. La condena fue ordenada por el Tribunal Oral Federal 7. Los otros dos implicados quedaron absueltos. Otro de los casos policiales más impactantes de la jornada. 

Los jueces Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli dispusieron que se decomisen sus bienes por un monto superior a los 395 millones de pesos. La mujer había intentado justificar su incremento patrimonial sosteniendo que  provenía del ejercicio de la prostitución. 

“Acá se intentó usar la defensa Clérici”, dijo la fiscal Fabiana León cuando pidió para ella tres años y tres meses de condena. En relación al argumento que usó Sofia Clérici investigada por enriquecimiento ilícito junto a Martín Insaurralde, y a la expareja de él, Jesica Cirio.

El juicio comenzó en septiembre y Caballero pidió declarar. Ahí justificó su patrimonio en la prostitución, en donde se vinculó con banqueros y empresarios que le regalaban dinero y vehículos a cambio de sexo. Declaró que a mucho  los conoció mientras trabajaba como empleada en la casa del entonces ministro De Vido.

 Nélida Caballero en su declaración virtual frente a los jueces. 

 “Primero empecé a prostituirme para poder mantener a mi hija, pero después seguí en el rubro porque me iba muy bien y me podía dejar muchas ganancias extra, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy”, sostuvo. La fiscalía nunca creyó en sus argumentos. Los empresarios que decía le habían pagado esos suntuosos bienes ya estaban muertos. “No hay una factura que diga servicios de gato”, dijo la defensa cuando pidió la absolución.

 No hubo acusación para Omar Marcelo Lavergne y Camila Florencia Caballero -hija de la cocinera-, porque según la fiscal el juicio demoró en hacerse y la figura penal prescribió.

Caballero terminó condenada a tres años prisión, de ejecución condicional por considerarla penalmente responsable del delito de lavado de activos, en calidad de autora. También se le impuso la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal, por el plazo de tres años.

También se ordenó decomisar el inmueble rural en el Departamento de Laishí de la provincia de Formosa,  el cuatriciclo y cuatro  vehículos.