La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó un recurso de Casación planteado por la defensa del ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (63) y su esposa, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (53), dos de los siete detenidos en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña.

El matrimonio participó en el almuerzo con Catalina Peña, la abuela del nene desaparecido, en el paraje correntino Algarrobal el 13 de junio pasado, cuando fue visto por última vez el chico.

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El abogado Ernesto González, responsable de la defensa legal de la pareja, había planteado un recurso de Casación en un intento por lograr que los jueces Ramón González, Selva Spessot y Mirta Sotelo cambiaran el criterio que expusieron hace un mes, cuando confirmaron los procesamientos y prisiones preventivas de los siete imputados que tiene la causa, lo que los puso a un paso del juicio oral.

El letrado, en su presentación, argumentó que los magistrados transgredieron el Código de Procedimientos Penal y realizaron un equivocado encuadre en cuanto a los delitos imputados a sus defendidos, entre éstos la sustracción de menores.

Desde su perspectiva, lo establecido por los jueces era similar a una sentencia definitiva, que ocasionaba que no fuera posible una reparación ulterior.

El fiscal general Carlos Schafer se pronunció en rechazo del recurso al estar en desacuerdo con lo argumentado por el letrado y sumó que del expediente tampoco surgía un “agravio federal” concreto o arbitrariedad manifiesta. 

Además, manifestó que en la causa “se ha garantizado el doble conforme o garantía de la doble instancia que debe observarse dentro del marco del proceso penal como garantía mínima para toda persona inculpada de un delito”, conforme a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Detalles de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes resaltó en su resolución que la defensa “no cuestionó la legitimidad o fundamentación de la prisión preventiva, de acuerdo a las circunstancias de cada caso concreto podría permitir una admisibilidad parcial del recurso”.

Y añadió: “Tal como lo ha sostenido esta alzada en numerosos precedentes, la resolución atacada no reúne la condición de sentencia definitiva o equiparable a ella”.

Asimismo, aseguró que no se advierte “la existencia de un agravio federal concreto o arbitrariedad manifiesta, puesto que la defensa, al momento de fundar la admisibilidad del recurso, transcribió los artículos del Código Procesal Penal de la Nación, conteniendo una mera discrepancia con lo resuelto por este tribunal”.

Por último, adujo que la confirmación del procesamiento “tampoco podría violentar la garantía de defensa en juicio, toda vez que surge del mismo la conducta específica por la cual se procesa a Pérez y Caillava, constituyendo dichas circunstancias un límite objetivo a la admisibilidad del remedio extraordinario intentado”.

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