Confirmaron la prisión preventiva del celador acusado de abusar de una alumna
El hombre de 61 años seguirá detenido mientras avanza la causa por abuso sexual en la escuela Marcelino Blanco, el caso que conmocionó a Mendoza en septiembre de 2025.
El celador acusado de abusar sexualmente de la alumna que en septiembre de 2025 irrumpió armada en la escuela Marcelino Blanco de Mendoza, seguirá detenido con prisión preventiva.
La resolución se conoció este lunes tras una audiencia en la que el fiscal Héctor Rosas presentó las pruebas que sostienen la imputación contra el hombre de 61 años, quien ya cumplía arresto domiciliario desde el 27 de febrero.
El juez Ricardo Schulz ratificó la medida preventiva durante una audiencia determinante en la que se expusieron las pruebas en contra del imputado.
Todo comenzó el 10 de septiembre de 2025, cuando una adolescente de 14 años llegó armada a la escuela. Lo que siguió fue una secuencia de tensión extrema: disparos dentro del establecimiento, docentes y alumnos paralizados por el miedo y la menor atrincherada durante horas.
Tras una tensa negociación, la joven entregó el arma a efectivos del Grupo Gris de la Policía de Mendoza y fue derivada al Hospital Notti para recibir atención médica y psicológica.
Con el correr de los días, la investigación dio un giro inesperado. La fiscal Laura Nieto, a cargo de Delitos contra la Integridad Sexual, avanzó sobre una hipótesis que cambió por completo el rumbo del caso: la adolescente habría sido víctima de abuso sexual por parte del celador.
La hipótesis del caso
Las declaraciones en Cámara Gesell fueron contundentes. Según la reconstrucción judicial, la joven habría llevado el arma con la intención de atacar a quien señalaba como su agresor. Sin embargo, aquel día el celador no estaba en el establecimiento: tenía franco.
El delito imputado es "abuso sexual simple", en la modalidad de tocamientos. La prisión preventiva busca asegurar su presencia en el juicio y proteger la integridad de la investigación.
Con la medida confirmada, la causa entra en una etapa clave. La comunidad educativa y la familia de la víctima esperan que la Justicia dé respuestas.
