La causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña sigue su curso sin novedades sobre el paradero que fue visto por última vez el 13 de junio pasado en la localidad correntina de 9 de Julio, con una nueva pista surgida de la declaración de uno de los testigos.

Gustavo Briend, uno de los abogados de la familia del menor, sostuvo que se analizan todas las indagatorias e hizo hincapié en el aporte de una de ellas. "Todavía estamos en la etapa evaluativa, son muchas las testimoniales que aportan poco. Hay una sí, en particular, que miramos de cerca que es la de Julieta, la vecina de 9 de Julio que habló de la venta de bebés", señaló.

En diálogo con Noticias Argentinas, el letrado hizo referencia al testimonio aportado el viernes pasado por una mujer que aseguró que Victoria Caillava, exfuncionaria municipal y una de las detenidas del caso, era conocida en el pueblo por "hacer papeles para vender bebés".

"Sé que hay muchas chicas a las que les ofreció dinero a cambio de su bebé y les pido que hablen para que esta gente pague por lo que hizo", había expresado Julieta a Crónica.

En otro orden, Briend resaltó que aguardan a obtener los informes sobre las pericias a los celulares y dispositivos tecnológicos para tener información sobre mensajes y llamadas de todos los implicados.

Por otra parte, este martes se levantó el secreto de sumario establecido después de la indagatoria del ex comisario Walter Maciel y de este modo los abogados de la causa podrán tener acceso a información sobre lo último que se obtuvo en el caso.

De este modo, ahora la jueza Cristina Penzo tiene 10 días para resolver si procesa o les dicta la falta de mérito a María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña y Antonio Benítez.

El viernes de la semana pasada, al no obtener elementos probatorios contra el policía retirado Francisco Méndez, se ordenó su inmediata liberación, aunque seguirá bajo investigación en el caso.

Mientras se aguarda a tener mayor información sobre la causa, citaron a declarar a Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, fiscales del fuero provincial que tuvieron a cargo la primera causa, así como también al periodista Alejandro Puebla.

Además, también se confirmó el rechazo a que el gobierno de Corrientes sea querellante en la causa.