Este lunes comenzó el juicio por jurados por el crimen de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba, el empresario que fue descuartizado y su cuerpo apareció en una valija en un arroyo del conurbano en julio de 2023.

En el banquillo de los acusados están Maximiliano Pilepich y Nahuel Sebastián Vargas, señalados como los ejecutores del homicidio, junto a Matías Gil, imputado en calidad de coautor. 

La primera jornada estuvo dedicada por completo a la preselección de los ciudadanos que integrarán el jurado popular, un proceso que contó con el seguimiento de Javier Baños, el abogado que representa a la familia de la víctima.

Las proyecciones de las partes indican que las audiencias podrían extenderse hasta el 9 de julio, momento en que el jurado popular quedará en condiciones de emitir su veredicto.

El debate se reanudará el martes a partir de las 9 con dos testimonios que los investigadores consideran fundamentales para sostener la acusación. 

Se trata de las declaraciones de la martillera Vanesa Romera y de la escribana Carolina Cerrato, cuyas intervenciones durante la instrucción de la causa permitieron unir las piezas de un rompecabezas macabro que comenzó a varios kilómetros del lugar donde finalmente se hallaron los restos.

La declaración de Romera se perfila como un factor determinante para reconstruir las últimas horas con vida del empresario de 41 años. 

Hallazgo del cuerpo

El cuerpo de Pérez Algaba apareció entre el 23 y el 25 de julio de 2023 en las aguas del Arroyo del Rey, en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. La distancia geográfica con los lugares que frecuentaba la víctima y el avanzado estado de destrucción de los restos humanos dificultaron inicialmente las tareas de identificación de la Policía Bonaerense.

Sin embargo, el cruce de datos con una denuncia por averiguación de paradero radicada en Morón destrabó el enigma. Romera se había presentado ante el fiscal Marcelo Tavalaro preocupada porque "Lechuga" no aparecía para devolver las llaves de un departamento que le había alquilado de manera temporaria sobre la calle Olazábal, en Ituzaingó. 

El contrato vencía el 19 de julio, fecha en la que el trader tenía programado un vuelo para regresar a Barcelona, España, ciudad donde se había radicado tiempo atrás.

Al ingresar a la vivienda de Ituzaingó para inspeccionar el lugar, los policías se encontraron con un escenario que descartaba por completo una huida voluntaria. En los ambientes quedaban sus valijas perfectamente armadas, perfumes importados, medicamentos psiquiátricos, una notebook y un iPad. 

El panorama evidenciaba que el hombre planeaba regresar por sus pertenencias, pero faltaban sus teléfonos celulares, su billetera y su perro de raza bulldog francés, llamado Cooper. Con estos indicios, el fiscal Marcelo Domínguez constató de inmediato que el inquilino desaparecido era el mismo hombre hallado en el arroyo.

Por su parte, el testimonio de la escribana Cerrato apunta directamente al móvil económico y a la presunta emboscada que terminó con la vida del comerciante. En su oficina de la localidad de Castelar se había firmado un acuerdo formal de reconocimiento de deuda entre Pilepich y la víctima. Ese documento sumó la participación de la gestora Flavia Bomrad, otra de las personas implicadas que llegará a la instancia de debate.

Para la fiscalía, esa reunión legal formó parte de una puesta en escena coordinada por los acusados. El objetivo era hacerle creer a Pérez Algaba que Pilepich iba a saldar los miles de dólares que le debía, logrando así que la víctima se trasladara por sus propios medios hacia el predio "Renacer" de General Rodríguez, un loteo destinado a un barrio privado que terminó transformándose en la escena del crimen.

De acuerdo con las pruebas recolectadas en el expediente, el 18 de julio el trader llegó a ese sector descampado junto a su mascota con la intención de cobrar una primera cuota de 20 mil dólares, de un total de 50 mil que le exigía al desarrollador inmobiliario. 

La hipótesis judicial sostiene que el empresario cayó en una trampa mortal y que le efectuaron dos disparos por la espalda mientras se encontraba distraído cambiando una lamparita. El fiscal del caso encuadró el ataque bajo el móvil de la codicia.

Para el martes también se prevé la comparecencia de una mujer policía de Ituzaingó y de Francisco Pérez Cambiaso, un empresario del rubro inmobiliario que mantenía vínculos comerciales con la víctima.

Segundo juicio

El resto de los eslabones de la banda, identificados como Fernando Carrizo, Luis Contreras y el ex comisario de la Policía de la Ciudad, Horacio Córdoba, están imputados por prestar colaboración secundaria en las etapas posteriores al homicidio.

En tanto, Blanca Gladys Cristaldo enfrentará cargos por encubrimiento agravado, debido a que está sospechada de haberle brindado refugio en una casa de Paso del Rey a Pilepich durante los días en que el principal sospechoso se encontraba prófugo de la Justicia.

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