OPERATIVO

El Gobierno de la Ciudad desaloja un predio ocupado por 100 personas en La Paternal

Se trata de un inmueble en San Blas y Andrés Lamas con sentencia firme desde 2009. Los habitantes denunciaron irregularidades y falta de notificación.

La Policía de la Ciudad inició este jueves un operativo de desalojo en un predio ubicado en la intersección de las calles San Blas y Andrés Lamas, en el barrio de La Paternal

En el inmueble, compuesto por cinco propiedades horizontales, residían más de 100 personas, entre las cuales se encuentran niños y personas con discapacidad, según manifestaron los propios ocupantes durante el procedimiento.

Antecedentes y puja legal

El conflicto judicial por el terreno se remonta a 1998, tras una ocupación que derivó en múltiples denuncias y antecedentes penales para algunos de los habitantes. 

Según fuentes de Seguridad porteñas, uno de los ocupantes estaría identificado como delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). 

La propiedad contaba con una sentencia firme de desalojo dictada por la Justicia desde el año 2009, aunque el operativo actual se precipitó tras un pedido de inspección por presunto "peligro estructural de la propiedad".

Desde el Gobierno de la Ciudad, señalaron que esta acción forma parte de un plan que ya permitió recuperar casi 600 propiedades en los últimos meses. 

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, respaldó la medida al afirmar que "cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta", y subrayó que en la jurisdicción "no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito".

Denuncias de irregularidades y resistencia

Los residentes y personas que se acercaron a brindar apoyo denunciaron que el procedimiento se realizó de forma irregular. "Vienen por un pedido de inspección. No hay notificaciones previas", sostuvo uno de los damnificados desde detrás del vallado policial. 

Además, algunos habitantes aseguraron haber sido víctimas de una estafa, afirmando que "hay familias que pagaban" a quien creían que era el dueño legítimo de las unidades.

Ante la oferta de un subsidio de $150.000 mencionada por los efectivos en el lugar, los ocupantes manifestaron su intención de permanecer en el sitio. 

"Vamos a resistir hasta que nos muestren una orden", advirtió una de las mujeres desalojadas, mientras los vecinos del barrio denunciaban que los habitantes del predio permanecían incomunicados durante el despliegue de las fuerzas de seguridad.

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