La situación judicial de Luciana Martínez, ex integrante del reality show televisivo "Gran Hermano", dio un vuelco radical. Tras ser capturada en un hotel de la calle Fray Justo Santa María de Oro bajo la sospecha de asaltar a un ciudadano norteamericano, su representante legal, Carlos Telleldín, presentó una versión opuesta a la hipótesis policial del robo.

Según el letrado, lo sucedido en la habitación no fue una maniobra delictiva para sustraer pertenencias, sino un episodio de violencia contra la joven santacruceña. 

Telleldín relató que Martínez sufrió una agresión sexual y que su acompañante, identificado como Cristian, acudió al lugar para confrontar al sujeto.

"Nos contó que fue abusada y que Cristian, en un momento dado, fue al hotel a pedir explicaciones; ahí llamó a la policía y se armó todo el lío", detalló el abogado.

Denuncia por violación y secuestro

La defensa técnica niega la existencia de un plan para seducir y robar al turista. 

Por el contrario, argumentan que existió un acto carnal no consentido y que la mujer permaneció retenida contra su voluntad. Martínez se encuentra actualmente alojada en la alcaidía de la calle Guzmán, en el barrio de Chacarita.

"No hubo robo, no hubo viuda negra, no hubo nada de nada; hubo una violación y una privación de libertad, un problema grave que la vamos a hacer declarar", sentenció Telleldín.

Carrera contra el reloj judicial

El principal desafío para los abogados de la ex Gran Hermano es la inminente partida del denunciante. El turista tiene pasajes para salir de Argentina en las próximas horas, lo que dificultaría el avance de la contraofensiva legal.

"Queremos que declaren y automáticamente pediremos la libertad, pero el tema es que, como nos enteramos de que el turista se iba, queremos tratar de que no se marche para preservar su testimonio", explicó el defensor.

La causa, que se inició por el presunto faltante de un reloj y un pasaporte, entra ahora en una fase de revisión crítica. 

La Justicia deberá evaluar si mantiene la imputación por robo o si las pruebas respaldan el relato de la joven sobre el abuso y la privación de la libertad antes de que el testigo clave abandone el territorio nacional.