La Corte Suprema de Justicia determinó que Verónica Asad, conocida como "Pitty, la numeróloga", sea investigada por el fuero penal ordinario tras una denuncia por maniobras de manipulación psicológica destinadas a obtener bienes y dinero de personas en situación de vulnerabilidad. 

La causa se originó a partir de una presentación judicial realizada por Pablo Salum, referente de la organización Red LibreMentes. Según el denunciante, Asad habría utilizado su rol como consultora para captar a individuos vulnerables y despojarlos de su patrimonio. 

El conflicto de competencia se desató cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11 intentó derivar el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py bajo el argumento de que existe una posible conexión con una causa previa que involucraba contrataciones directas en el Banco Nación. 

No obstante, el Juzgado Federal 9 rechazó la adjudicación del caso, lo que obligó a la intervención del máximo tribunal. La Corte Suprema debió dirimir si los hechos denunciados correspondían a un delito de orden federal o si debían permanecer en la justicia criminal común de la Ciudad de Buenos Aires. 

Antes del fallo, el Procurador General de la Nación dictaminó que los procesos son independientes entre sí. Según el Ministerio Público, los hechos presentados por Salum se centran específicamente en el ejercicio de la actividad de la numeróloga y "no alcanzan" para ser calificados bajo la órbita del fuero federal. 

Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti validaron este criterio y resolvieron que la investigación sobre las presuntas defraudaciones y la manipulación psicológica de clientes continúe bajo la jurisdicción de la Justicia de Instrucción Ordinaria. 

Esta investigación se reactiva luego de que Asad fuera sobreseída en una causa conexa vinculada a la administración pública. En aquel expediente se analizaba la contratación de sus servicios de "coaching" por parte de la ex presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y la gerenta general, María del Carmen Barros. 

En dicha causa, el fiscal Guillermo Marijuán había imputado a las funcionarias y a la numeróloga por presunta administración fraudulenta y peculado. Sin embargo, el año pasado se dictó el sobreseimiento tras una auditoría interna del Banco Nación que concluyó la ausencia de un perjuicio patrimonial comprobable para la institución. 

A pesar de ese cierre parcial en Comodoro Py, la nueva denuncia impulsada por Salum sostiene que la metodología de Asad consistía en la captación de personas para su posterior perjuicio económico. 

El denunciante sostiene que la propia María del Carmen Barros habría sido objeto de estas maniobras de manipulación. Como medida preventiva, el juzgado de instrucción interviniente ya había dictado una prohibición de contacto hacia los afectados.