Carlos Robledo Puch (72), lleva más de 52 años en prisión y podría ser trasladado a un penal de régimen abierto, como paso previo a la libertad. Sin embargo, según informaron fuentes judiciales, durante la entrevista con el psicólogo encargado de evaluar si están dadas las condiciones para que deje la cárcel de máxima seguridad, "El ángel de la muerte" expresó su rechazo al traslado. "No quiero algo nuevo porque estoy acostumbrado a esto", sostuvo el múltiple homicida.

Actualmente, Robledo Puch, autor de once homicidios entre 1971 y 1972 en la zona norte del Gran Buenos Aires, está alojado en el Pabellón 1 de la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos del Servicio Penitenciario Bonaerense. En un fallo reciente firmado por el camarista Oscar Quintana y el secretario de Cámara Bernardo Hermida Lozano, la Justicia estableció que puede acceder al régimen abierto de detención. 

"Se hace lugar a la incorporación de Carlos Eduardo Robledo Puch al régimen abierto de detención, en el marco del Programa Casas por Cárceles de la Unidad 25 del SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense), una vez que se produzca el cupo correspondiente, siempre y cuando preste su consentimiento al efecto", dice la resolución, de 7 páginas. 

Ese programa prevé un espacio habitacional con un adecuado nivel de privacidad sin guardia armada uniformada, ni muros perimetrales, rejas u otras formas de contención. Sin embargo, Robledo Puch ya les anticipó a los peritos del Departamento Técnico Criminológico que debían evaluar si estaba en condiciones de ser trasladado que no quiere aceptar el beneficio porque tiene miedo y ya está habituado al régimen de detención actual. 

Tiempo atrás, el condenado había dicho que para él era la "libertad o nada", y que si no le permitían abandonar la prisión, al menos lo autorizaran a quedarse en una casa dentro del penal de Sierra Chica, donde pasó 50 de los más de 52 años que lleva preso. 

En el transcurrir de la entrevista con los peritos, señalaron las fuentes, Robledo Puch se puso "violento y verborrágico, hablando y gritando, sin admitir respuestas del interlocutor, impidiendo de este modo que la entrevista transcurriera con normalidad". 

Ante esta actitud, el perito dio por finalizada la sesión "que carecía de sentido alguno ya que el interno no escuchaba lo que se le decía y la violencia del discurso iba en aumento".