Por Florencia Guerrero

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Sin números oficiales de Covid-19 en los penales, la preocupación entre las poblaciones carcelarias crece. Las internas de la Unidad N° 33 de Los Hornos mantienen desde hace casi una semana una huelga de hambre para exigir mejores condiciones de detención y que se otorguen los arrestos domiciliarios a quien corresponda, en medio de la emergencia sanitaria.

Embarazadas, enfermas y conviviendo con sus hijos en cárceles, reclaman por la seguridad sanitaria. Unas 21 mujeres comparten celda con sus descendientes, 18 en la Unidad 33 y tres en la Unidad 54. Y de Florencio Varela, además hay diez mujeres embarazadas. Por ellas y por aquellas que están en la población de riesgo, 43 mujeres mantienen la protesta.

"Estamos asustadas, esta situación nos da miedo. No son condiciones de higiene para prevenir lo que pasa ante los contagios. Anímicamente nos sentimos solas, luchamos por nuestros hijos, físicamente nos sentimos débiles, medio bajoneadas", explicó Betina, mamá de una niña, que cumple una condena de cuatro años por venta de estupefacientes, en diálogo con Crónica. Le faltan nueve meses para salir del penal de Los Hornos, pero como es hipertensa y tiene una afección cardíaca, pidió el beneficio de la prisión domiciliaria, sin suerte.

Aunque inicialmente la Justicia recomendó el arresto domiciliario para mujeres presas embarazadas o con hijos pequeños, la Corte Suprema de Justicia bonaerense suspendió el fallo la semana pasada.

Hace 7 días que las internas de la Unidad N°33 están de huelga (Captura).

"En noviembre comenzamos con una mesa de diálogo con los funcionarios, porque muchas estamos en condiciones de salir antes de la pandemia, pero para nosotras la Justicia es lenta. Ahora, con el Covid-19, la preocupación es doble por la salud de nuestros hijos", contó Betina desde su celda, que además asegura que en Florencio Varela las mujeres levantaron la protesta porque "las amenazaban con sacarles los celulares".

Si bien la semana pasada se volvió a reunir la mesa de diálogo, no recibieron ninguna resolución. El pedido fue concreto: que los jueces de Ejecución fallen rápidamente, sobre todo en relación con las que tienen patologías como VIH, cáncer o problemas respiratorios.

Además de las condiciones generales, según los testimonios de las detenidas consultadas, en la Unidad Nº 33 no hay atención pediátrica permanente, a pesar de la población infantil. "Entendemos a la Justicia, nosotras cometimos un error, pero hay vidas acá y tenemos miedo de que entre el virus y agarre a los chicos o a cualquiera de nosotras", argumentó Janneth, otra interna que pide pasar la pandemia con una tobillera y seguridad sanitaria.

"Acá a las embarazadas no se les hacen sus estudios. Estamos abandonadas. Cuando te sentís mal, lo único que hay es ibuprofeno. El panorama es oscuro, cualquier mamá que lea esto nos va a entender, necesitamos que piensen en nuestros hijos y en nosotras. Queremos cumplir una condena, pero no morirnos nosotras o nuestros hijos en la cárcel", concluyó la mujer.

162 niños “presos” con sus madres El Sistema de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena es el relevamiento penitenciario oficial del país. El último es de 2018 y detalla que, de las 94.883 personas privadas de libertad, 4.362 son mujeres y 162 están con sus hijos e hijas.

La estadística también muestra que, del total, 40.790 son desocupados y que 44.941 no tienen oficio ni profesión; además, 43.597 están procesados, sin condena.

Embarazadas, enfermas y conviviendo con sus hijos (Captura).

“La Justicia actúa con lentitud, los defensores se tomaron un largo descanso en esta cuarentena. Si hay algo que desnudó el coronavirus, es lo mal que funciona el sistema”, explicó a Crónica la abogada Roxana Locascio.

Según la letrada, en la actualidad, en la Unidad Nº 33 de Los Hornos hay unas 25 mujeres en condiciones de salir, entre ellas, “doce internas con enfermedades de riesgo”, detalló.