En momentos en que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) estaba abocada a exigir una suma fija que llevara el salario mínimo estatal a $1.649.499, con el objetivo de "compensar los ingresos menores y sentando también una nueva base para los futuros aumentos", durante este fin de semana llegaron correos electrónicos a alrededor de 2.000 empleados de áreas del Ministerio de Capital Humano notificándoles de su despido. Para la conducción del gremio, se trata del primer paso de un programa ambicioso que se basa en terminar con 50.000 contratos.

Las notificaciones se concentraron en empleados que se desempeñaban en el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, sobre todo en distintos programas de asistencia social, como por ejemplo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Pero también se sumaron despidos en el organismo Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), con 400, y en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda que depende del Ministerio de Economía, que de acuerdo con el sindicato tuvo 300 bajas de manera inesperada. También fueron afectadas direcciones nacionales, como la de Arquitectura.

Ante este panorama, ATE prepara protestas y no descarta paros de actividades en distintas dependencias en reclamo de reincorporaciones. "Vamos a luchar por la defensa irrestricta de los derechos laborales", prometieron desde la seccional Capital del sindicato.

Fuentes sindicales no dudan de que el gobierno pretende seguir reduciendo la planta de personal estatal, como lo hizo a lo largo del año pasado, con casi 35.000 contratos que no renovó entre la administración central, empresas públicas y organismos descentralizados. Y tiene en la mira 50.000 contratos de agentes que vencen a finales de este mes.

Según Ingrid Manfred, secretaria General de ATE Desarrollo Social en contacto con este medio, los efectos de las notificaciones fueron "devastadores". "Eliminaron el 60% de las áreas de asistencia social, con pases a disponibilidad de trabajadores de planta permanente con 30 años de antigüedad", dijo la dirigente sindical.

Al mismo tiempo, denunció que la administración de La Libertad Avanza avanzó con el "exterminio de la política social, reduciendo a la mínima expresión cualquier asistencia a los sectores más desposeídos en medio de una situación crítica". "Y hay una situación de desamparo total, detrás de cada trabajador hay una política pública que no se va a seguir cumpliendo. Esta gestión ejerce mucha crueldad, hay mucha angustia, pero ya estamos pensando en cómo organizarnos. En las próximas horas vamos a definir los pasos a seguir desde nuestro sindicato, con anuncios de medidas", añadió.

En cuanto al reclamo salarial, surge luego de un informe realizado por la Junta Interna de ATE-Indec, que utiliza los datos oficiales del organismo, que estableció un mínimo de $562.071 para cubrir la Canasta Alimentaria Mínima, a los que se les suman los $1.088.425 para el acceso a otros bienes y servicios básicos. 

El secretario General del gremio estatal, Rodolfo Aguiar, señaló que "desde hace más de un año y de manera sistemática, el Gobierno vulnera el derecho constitucional a una retribución justa y continúa dilatando las negociaciones".