Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron absueltos en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.

La determinación fue tomada por mayoría por los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos, del Tribunal Oral Federal número 3. El fallo también dispuso "levantar las medidas cautelares" dictadas contra ambos, "como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación".

En cambio, el extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fue sentenciado a "cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública", al hallarlo "autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública".

Los magistrados entendieron que el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.

 

 

El juicio tuvo un fuerte componente político, ya que tanto López como De Sousa siempre denunciaron que la finalidad del macrismo era acorralarlos judicialmente para obligarlos a entregar la señal de noticias C5N (en la que ambos son socios), de línea muy crítica con el gobierno anterior. "La finalidad era quebrar a las empresas del grupo Indalo. Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto", denunció López.

En tanto, Echegaray dijo que "no hubo ningún perjuicio fiscal" al otorgar un plan de pagos especial para que el grupo Oil pudiera cancelar su deuda impositiva con el Estado. También dijo que se trató de una causa "armada" y con pruebas falsas.

El juicio, que duró dos años y medio, demandó 81 jornadas de debate que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos.

La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que Oil Combustibles adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra.

 

 

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