La interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo ( Inadi), Victoria Donda, fue sobreseída en una causa iniciada por su empleada doméstica. Así lo determinó este jueves el juez federal Sebastián Casanello.

Donda había sido denunciada a principios de este año ante la Cámara Federal porteña por el presunto delito de defraudación contra la Administración Pública, en grado de tentativa. Era por haber ofrecido resarcir a su ex empleada doméstica con un plan social y un cargo en el Estado para ella o su hermana, de acuerdo con detalles surgidos de la causa.

Cuáles fueron los argumentos del juez

En su resolución, Casanello decidió sobreseer a Donda "por entender que el hecho imputado no encuadra en una figura legal, haciendo entonces expresa mención de que, la formación del presente proceso penal, en nada ha de afectar el buen nombre y honor del que hubiere gozado".

“La principal conclusión del Tribunal respecto del dictamen de la Fiscalía era que, si bien se había podido acreditar que existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales Donda Pérez habría formulado un ofrecimiento impropio, faltaban los elementos que indicasen que, tras esos diálogos, había existido un acto administrativo de la funcionaria: una resolución u orden emanada de la titular del Inadi, que dispusiese hacer efectivo tal ofrecimiento, mucho menos un contrato estatal que lo perfeccionara”, amplió el magistrado en su fallo.

Además, Casanello destacó que “la indignación que puede generar un diálogo entre partes estructuralmente desiguales para llegar a acuerdos injustos, los incumplimientos laborales de una empleadora y/o la naturalización de un uso inapropiado y poco ético de la función pública, no alcanza para formular un reproche penal”.

“Sólo configuran delitos aquellas conductas que son consideradas antinormativas por estar previstas en nuestro código penal. Sin ley previa que sancione penalmente un tipo de conducta no es posible hablar de delito, aun cuando el comportamiento observado sea injusto, inmoral o reprobable desde otros puntos de vista”, insistió.

El fallo de Casanello significó un revés para la denuncia radicada por Arminda Banda Oxa, ex empleada doméstica de Donda. La mujer trabajó para la interventora del Inadi hasta el inicio de la pandemia. En ese momento le planteó a la funcionaria pública que necesitaba regularizar su situación previsional para acceder a una jubilación y habría recibido como respuesta, de acuerdo a la denuncia penal, la oferta de un cargo público y un plan social.

Por otra parte, Casanello recabó como información que los reclamos laborales de Banda Oxa contra Donda no encontraron solución en la etapa previa al juicio laboral, por lo que el comienzo de un reclamo en tribunales aparece como inminente. Banda Oxa le reclama a Donda 662.987 pesos en concepto de salarios mal liquidados, cargas sociales no pagadas, vacaciones, aguinaldos y otros rubros. 

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