En el marco de la causa por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, la querella de la vicepresidenta reclamó que se secuestre el teléfono celular del diputado nacional del PRO Gerardo Milman y que se ordene un entrecruzamiento de eventuales llamadas con los detenidos por el hecho.

En un escrito, los apoderados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, plantearon que "a esta altura de la investigación, consideramos imperioso secuestrar el celular cuyo análisis es más importante para la pesquisa, el de Gerardo Milman".

El nuevo pedido de pruebas se presentó ante la jueza de la causa María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo, a quien la magistrada delegó la investigación días atrás. "Le solicitamos a la jueza (ya que esta medida es de exclusivo resorte jurisdiccional) que proceda al inmediato secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman", afirmó la querella.

En caso de que la magistrada lo considere necesario, le propuso "que solicite, de modo inmediato, autorización a la Cámara de Diputados para proceder al secuestro del celular". La querella aclaró que, como legislador nacional, Milman tiene inmunidad de arresto "pero en ningún caso de proceso".

El escrito continuó refiriendo que "una vez secuestrado el dispositivo, requerimos que se practique una amplia pericia con el fin de identificar cualquier vinculación de Milman con los hechos objeto de este proceso".

En este contexto, el legislador "solo podría ser convocado a prestar declaración indagatoria, y no testimonial", y por eso la querella consideró que "solo debe llamarse a Milman cuando esté más clara la plataforma fáctica que lo rodea. Por eso, la próxima medida a seguir debe ser el secuestro de su celular".

Cabe indicar que esta investigación generó que Milman fuera desplazado de dos funciones relevantes en el PRO: la vicepresidencia en el bloque de diputados nacionales y la jefatura de la campaña de la ex ministra de Seguridad y titular del partido, Patricia Bullrich.

En el mismo escrito, se pidió a la fiscalía que disponga otras medidas de prueba vinculadas a la "pista Milman", entre ellas un pedido de informes sobre "todas las líneas telefónicas" de Milman, sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz y otras dos personas, Hernán Carrol y María Alejandra Mroue.

También se reclamó un entrecruzamiento telefónico entre los mencionados y los detenidos por el intento de homicidio Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, con un estudio de geolocalización de celulares, desde abril último a la actualidad.

La fecha planteada tiene su argumento. Desde abril, "Uliarte comenzó a tener mensajes vinculados con el atentado, y en mayo fue cuando Mroue conoció a Gómez Mónaco y comenzaron a hablar para asociarse en un supuesto emprendimiento comercial. Este momento es, a su vez, coincidente con el inicio de la incitación, por parte de Revolución Federal, a la violencia contra Cristina Fernández", se refirió.

También se solicitaron a la fiscalía medidas de prueba sobre Hernán Carrol y Fernando Villares, este último ex jefe de gabinete de Milman en el Ministerio de Seguridad de la Nación donde también trabajó Gómez Mónaco.

"De Carrol, lo último que supimos es que borró su celular el día antes de 'ponerlo a disposición'. Cabe recordar que Carrol tiene fotos con Milman y su jefa, Patricia Bullrich, y que tuvo contacto directo con Uliarte y Sabag Montiel", remarcó la querella.

Sabag Montiel, autor material del intento de homicidio, envió una carta a Capuchetti en la que mencionaba la posibilidad de que Carrol, le designara un abogado defensor particular.

En el escrito también se criticó con dureza a Capuchetti, quien con "un criterio nunca antes visto" delegó la investigación en la fiscalía y mantuvo esa decisión tras ser confirmada en la causa.

"Para sorpresa de todos, el abandono de la instrucción por parte del juzgado se dio casi tres meses después del atentado contra la Vicepresidenta, y con procesamientos confirmados", consideraron los abogados, en lo que calificaron de "claudicación investigativa" y consideraron como "la confesión, o bien de que la dirección de la instrucción superaba ampliamente la capacidad de la jueza, o bien de que su compromiso absoluto es no investigar a personas vinculadas con Juntos por el Cambio".