Casación confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni por fraude, amenazas coactivas y extorsión
El máximo tribunal federal rechazó por "inadmisibles" las apelaciones de la defensa de Belliboni y de otros 14 acusados. De este modo, ratificó los procesamientos de la Cámara Federal porteña.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, amenazas coactivas y extorsión en la causa por el manejo de planes sociales. y lo dejó así en condiciones de ser enviado a juicio oral.
El tribunal federal rechazó por "inadmisibles" las apelaciones de la defensa de Belliboni y de otros 14 acusados que figuran en la causa por cuestiones formales vinculadas a que no se encontró "debidamente fundada una cuestión federal". De este modo, dejó firmes los procesamientos confirmados la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
En el fallo, los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky también ratificaron los delitos de amenazas coactivas y extorsión a beneficiaros de los programas para obligarlos a participar de piquetes y marchas, lo que agravó la situación procesal de Belliboni y de otra referente del Polo Obrero, María Dotti.
Con este rechazo a las apelaciones, el juez federal Sebastián Casanello, ya inició los trámites para enviar el expediente a juicio y notificó a las partes involucradas.
En el fallo de Casación se remarcó que los procesamientos no son una "sentencia definitiva o equiparable a tal". Belliboni está procesado por "administración fraudulenta", "amenazas coactivas" y "extorsión" por desvíos de fondos públicos destinados al programa Potenciar Trabajo.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que existe evidencia sobre el "desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo".
Asimismo, la acusación contra el dirigente social incluye una supuesta “imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal”. Lo que según Casanello, traiciona "los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública".
De acuerdo a lo que figura en los procesamientos, los fondos que se habían desviado fueron utilizados para “afrontar el pago de gastos vinculados a actividades políticas partidarias”.
