Por Damián Juárez
djuarez@cronica.com.ar

En las últimas horas, entraron al Parlamento los proyectos de Macri que tendrán un fuerte impacto en el mundo del trabajo (reforma laboral), en las jubilaciones (previsional) y en la relación con las provincias (pacto fiscal).

Las reformas llegan con consensos bastante amplios: en el caso de la reforma laboral, cuenta con el visto bueno de la CGT, la organización sindical mayoritaria, mientras que es rechazada por las dos CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ya anunciaron protestas.

El hecho de que las tres reformas ingresen al Congreso como un paquete no es casual: el gobierno garantizó fondos frescos para las provincias -algunas de las cuales están económicamente en llamas-, solucionó el reclamo de Vidal por el Fondo del Conurbano, y se aseguró el respaldo de los diputados de las provincias no sólo al acuerdo fiscal, sino a los cambios en las normas laborales y previsionales.

Contra el trabajo en negro

La reforma laboral, según el gobierno, apunta a introducir cambios tendientes a generar más inversiones y poner en blanco a millones de trabajadores que hoy no están registrados.

También Macri pretende, como lo dejó en claro en distintos discursos, reducir lo que denominó la “industria del juicio laboral”.

Los empleadores que blanqueen al personal que tienen en negro recibirán como beneficio que les perdonen deudas.

Para reducir los juicios laborales, se fijarán normas más precisas para encuadrar la relación laboral de una persona que preste servicios para una empresa (tercerizados).

Los trabajadores fijos seguirán teniendo indemnizaciones calculando tanto el salario como las horas extras.

Asimismo, se crea un fondo de cese laboral, que no será obligatorio sino optativo para el empleador, que será destinado para eventuales indemnizaciones.

En el apartado de las prácticas profesionales, se fijan reglas para que chicos en los últimos años del secundario puedan hacer prácticas en empresas para completar su formación.

Jubilados y provincias

La otra norma que también será debatida en el Parlamento es la reforma previsional, con el objetivo de establecer el famoso 82% móvil que cobrarán los que perciben la mínima, una garantía para que los aumentos al sector pasivo superen los índices de inflación, y la posibilidad -optativa y no obligatoria- de extender la edad jubilatoria hasta los 70 años.

Para establecer cuánto cobrarán los jubilados, se aplicará un nuevo índice de movilidad de manera trimestral en marzo, junio, septiembre y diciembre.

También habrá novedades para las provincias luego de que los gobernadores -salvo el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá- acordaran con el gobierno la ley llamada pacto fiscal.

Los gobernadores, en síntesis, se comprometen a “hacer los deberes”, mantener las cuentas provinciales en raya, para recibir fondos nacionales.

Se modifican los fondos que reciben las provincias de distintos impuestos, como Ganancias y el impuesto al Cheque e ingresos brutos.

El acuerdo también implica la emisión de bonos que recibirán las provincias a 11 años.
También el pacto fiscal viene a resolver la situación de la provincia de Buenos Aires que había recurrido a la Corte Suprema de Justicia para reclamar por la falta de actualización del Fondo del Conurbano.

Vidal recibirá 21.000 millones en 2018 y 44.000 millones en 2019, a modo de compensación.
El acuerdo también implica eliminar el fuerte subsidio a la energía que durante el kirchnerismo se había asignado a Capital Federal y Gran Buenos Aires, y que ya comenzará a sentirse con incrementos del 70% en las boletas de luz.