La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para evitar que la entidad sea auditada, luego de que el organismo respondiera formalmente a la demanda judicial. Además, recusó sin causa al juez Diego Cormick, quien decidió enviar el expediente a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para un nuevo sorteo de magistrado.

En su presentación, la SIGEN advirtió que "resulta evidente que el dictado de la medida cautelar solicitada" en la demanda de la Universidad de Buenos Aires "comprometería el interés público de modo irreversible, al afectar en forma directa el cumplimiento de los objetivos constitucionales, tales como el debido contralor de los fondos públicos", expresó el titular de la SIGEN, Miguel Blanco.

El organismo subrayó que "auditar no es intervenir, es verificar la gestión económico financiera de una entidad que tiene como fin agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, a la vez que permite rendir cuentas de los recursos públicos utilizados y dotar de transparencia a la gestión estatal". La SIGEN considera que impedir la auditoría sobre los fondos que el Tesoro Nacional asigna a la UBA afectaría la transparencia, dado que “dejaría sin auditar la aplicación de los cuantiosos recursos asignados a esa casa de estudios que aún no se han rendido".

Asimismo, la Sindicatura aclaró que la auditoría solo abarcará los fondos provenientes del Estado Nacional, excluyendo otros ingresos y actividades propias de la UBA, y que no generará costo alguno para la universidad.

La UBA presentó el 28 de octubre una acción declarativa de certeza y un pedido de medida cautelar, con el fin de que se impida la auditoría impulsada por la SIGEN. 

En su demanda, la UBA solicitó a la Justicia que ordene tanto al Poder Ejecutivo Nacional como a la SIGEN "abstenerse de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno". La universidad argumentó que la auditoría se decidió de forma unilateral y cuestionó la competencia de la SIGEN para realizar el control.

La demanda de la UBA también solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto 1344/07, y se determine que la SIGEN carece de atribuciones para ejercer control interno sobre la universidad, debido a que este decreto resulta "contradictorio e incompatible con las normas, principios y garantías de la Constitución Nacional". Además, la UBA afirma que la normativa impugnada vulnera artículos de la Constitución Nacional, leyes de educación superior y de administración financiera, y el propio estatuto universitario.

Finalmente, la UBA remarcó que el propósito de la acción judicial es obtener "una declaración judicial de certeza" que determine la inconstitucionalidad de la disposición legal cuestionada y la "inexistencia de relación jurídica entre la SIGEN y esta Universidad en cuanto al control interno".