La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse este jueves, en una sesión en la que definirá la admisibilidad de los pedidos de enjuiciar a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal; Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Sobre ellos hay 14 solicitudes de juicio político presentadas tanto por legisladores como por asociaciones civiles y particulares.

Lo que se votará es la admisibilidad, que según explicó la diputada entrerriana Carolina Gaillard, titular de la comisión, “es un informe con la resolución donde se dice que son admisibles las denuncias y que habría pruebas de acuerdo al artículo 9 del reglamento interno de la Comisión”.

 

 

La reglamentación establece en ese punto que deben analizarse si en las imputaciones se dan “las condiciones subjetivas del denunciado y objetivas de la causa para la apertura del sumario de investigación”.

El Frente de Todos tiene mayoría en la comisión (16 integrantes sobre 31) y por eso, salvo algún imprevisto, tiene garantizado el dictamen mayoritario que definirá qué aval se le da a cada una de las 60 causas incluidas en los 14 expedientes que se presentaron contra todos o cada uno de los jueces, según el caso.

La oposición deberá resolver si elevará un dictamen en minoría, o incluso dos. Es que la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, presentó un expediente contra Ricardo Lorenzetti y en principio no aceptaría retirarlo, por lo que podría votar en disidencia con el resto de los legisladores de Juntos por el Cambio.

 

Juicio político a la Corte Suprema: ¿qué es la admisibilidad?

 

Si se declara la admisibilidad del proceso, la comisión entrará en una nueva etapa en la que deberá preparar la acusación para ser presentada ante el Senado de la Nación, que es el que debe definir si los miembros de la Corte son confirmados o destituidos de sus cargos.

Para ello, la comisión podrá pedir medidas de prueba, citar a testigos e incluso a los propios miembros de la Corte para que hagan su descargo. 

 

 

Entre los motivos que enarboló el oficialismo para impulsar el juicio a la Corte Suprema, se encuentra el fallo que alteró los índices de coparticipación federal fijados por ley para atender un reclamo de la Ciudad de Buenos Aires y el que vetó la designación de la Cámara de Diputados para tener representación en el Consejo de la Magistratura. Ambos son entendidos como una intromisión en las atribuciones de los demás poderes. También se le cuestiona la aplicación del beneficio de cómputo doble del tiempo en prisión a condenados por delitos de lesa humanidad.

 

Juicio político: se reúne la Corte Suprema

En simultáneo, la Corte también tiene prevista para este jueves su primera reunión del año, en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Si bien se trata de una sesión de trabajo, con expedientes y cuestiones formales que atender, se sabe que el clima en el seno de la Corte está más que enrarecido.

La situación del presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, es muy comprometida. Uno de sus principales asesores, Silvio Robles, apareció en varios chats del celular del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

 

 

En los mensajes, que se presumen hackeados, ambos conversan sobre la mejor estrategia para favorecer el reclamo de la Ciudad en la causa por coparticipación, lo que de alguna manera se entiende como una negociación para conseguir el voto del propio Rosatti.

La causa, si bien fue archivada por la Justicia, generó un considerable ruido político y provocó el pedido de licencia de D'Alessandro de sus funciones en el Ejecutivo porteño.

Además, la relación entre los magistrados viene dañada desde que Lorenzetti fue desplazado de su cargo de titular de la Corte, en 2021, por el voto del resto de los integrantes. Por eso se presume que podrían formarse dos o más bloques en caso de que los magistrados deban defenderse del juicio político.