Cuáles son los puntos claves de la nueva Ley de Bases
Entre los 279 artículos del proyecto figuran la reforma del Estado e incentivos a las grandes inversiones. Energía, competencia y eliminación de la moratoria previsional, son otros ejes de la iniciativa del Gobierno.
El Gobierno dio a conocer esta semana el borrador del nuevo proyecto de Ley de Bases, también conocido como Ley Ómnibus, con modificaciones con respecto a la iniciativa cuyo tratamiento fracasó en enero en la Cámara de Diputados.
En relación al primer proyecto que tenía 644 artículos, la nueva propuesta del Gobierno tiene 279 aunque podría tener más cambios de acuerdo al avance en las negociaciones con los gobernadores y legisladores opositores dialoguistas en las próximas semanas.
Con respecto a la declaración de la emergencia, la gestión libertaria propone dictarla en materia administrativa, económica, financiera y energética durante el plazo de un año.
En lo que el Gobierno define como “Reforma del Estado”, se refiere a los despidos y elimina la estabilidad del empleo público para todos los agentes afectados “por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas”.
Además, al no establecer límites a esa posibilidad de afectación, todos los empleados públicos quedan sujetos a esta situación ya que el artículo 1 del proyecto le concede al Gobierno facultades extraordinarias administrativas para “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
El personal afectado “quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta 12 meses” lapso en el que el Estado podrá capacitar al agente para que cumpla nuevas tareas o enviarlo a “desarrollar tareas en servicios tercerizados”.
“Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”, establece la iniciativa.
PrivatizacionesEl Gobierno, por otra parte, propone privatizar 18 empresas estatales, divididas en dos grupos. El primero, el de las que serían pasibles de una privatización total, se compone por Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Radio y Televisión Argentina, Intercargo, AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).
Las nueve restantes que podrán privatizarse parcialmente si se aprueba la ley son Nucleoeléctrica Argentina S.A., el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
CompetenciaEn el capítulo sobre “Defensa de la competencia” lo más relevante es la creación de una Agencia de Mercados y Competencia en reemplazo de la Autoridad Nacional de Competencia.
En esta temática, una de las diferencias con la ley 27.442 sancionada en 2018 es la definición de “posición dominante” que es más abarcadora en la norma actual que en el proyecto.
Nuevo enteEn lo que se refiere al sector energético, la iniciativa prevé la creación del “Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad” que reemplazará al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Asimismo, el Gobierno quiere eliminar los límites a la explotación y comercialización de hidrocarburos. El artículo 147 del proyecto modifica el artículo 3 de la Ley 17.319 y quita la necesidad de mantener reservas que aseguren el “objetivo principal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”.
También establece condiciones leves para las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y se elimina el objetivo de lograr el “autoabastecimiento” dentro del plan de YPF. Además, quita a los precios como objetivo de protección de los intereses de los consumidores.
Incentivo para grandes inversiones
La nueva Ley de Bases también busca la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con reducciones impositivas y estabilidad tributaria para proyectos de más de 200 millones de dólares.
El proyecto, por otra parte, incluye un blanqueo laboral para regularizar “relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas”. Las empresas tendrán un plazo de 90 días para regularizar a sus empleados y los planes de pago de las obligaciones que surjan de esa regularización se podrán extender por 5 años.
El Gobierno, además, pretende eliminar la última moratoria previsional que permite el acceso a un haber jubilatorio a quienes no cumplen con el requisito de años de aportes.
