El Gobierno nacional presentó a tres provincias patagónicas su agenda para los pueblos originarios, que hace hincapié en proveer derechos básicos a las comunidades y en la propiedad de la tierra, un reclamo histórico de las cerca de 1.600 comunidades que viven en territorio argentino.

"El Estado tiene una deuda con los pueblos originarios y en este sentido mucho se dijo pero poco se hizo en la gestión anterior y ahora hemos logrado avances, aunque débiles, y queda mucho por hacer", reconoció Garavano luego, en un encuentro con los periodistas acreditados.

El principal reclamo de las comunidades tiene que ver con la titularidad de las tierras que habitan, pero también con el acceso a servicios básicos como salud, educación, transporte o trabajo.

Para comenzar a pagar esa deuda referida por el ministro de Justicia, el Gobierno nacional se compromete a "promover una agenda federal de trabajo en pos de la inclusión, la protección de derechos y el desarrollo integral de las comunidades".

Como segunda meta, el Gobierno garantizará "avanzar para implementar los procesos de relevamiento territorial, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26160, en pos de efectivizar el derecho a la propiedad comunitaria".

En el encuentro entre los funcionarios nacionales y provinciales también se relevaron los conflictos que surgieron en las comunidades y se contabilizaron 211 en Chubut, Río Negro y Neuquén, 129 de los cuales están vinculados a desalojos de tierras, y el resto a obras de infraestructura y otros problemas socio-ambientales.

Garavano minimizó los hechos de violencia derivados de los conflictos con las comunidades, aseguró que "los actos violentos son de grupos muy marginales" y señaló: "Hay que separar a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y algún grupo mínimo, con los reclamos legítimos de los pueblos originarios".

En la reunión también estuvo presente la directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis, quien remarcó la situación de vulnerabilidad en la que están muchas comunidades y en la necesidad de un censo que muestre la dimensión verdadera de los pueblos indígenas "ya que el millón de personas que mostró el censo 2010 es poco”, según los especialistas en el área.

Avruj por su parte señaló: "Estamos trabajando por una sociedad sin exclusión" y se sumó a Garavano en que los hechos violentos en comunidades indígenas son de grupos muy marginales y nada tienen que ver con la agenda para el sector que promueve el gobierno.

En el encuentro también estuvieron presentes representantes de las comunidades, entre ellos Félix Díaz, por la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh, más conocida como "La Primavera", en Formosa.

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