La oposición en la Cámara de Diputados intentará debatir en la sesión del miércoles un proyecto de ley para declarar la emergencia en Bahía Blanca, por el temporal que afectó la ciudad y en el que murieron hasta el momento 16 personas.

“Vamos a tratar de votar por unanimidad la declaración de emergencia para Bahía Blanca pero también para todas las localidades afectadas”, adelantó la diputada nacional de Unión por la Patria e impulsora de la iniciativa, Victoria Tolosa Paz, en una entrevista radial.

 

La legisladora, además, relativizó la decisión del Gobierno de enviar ayuda a la zona afectada por unos 10.000 millones de pesos y lo contrapuso con la primera evaluación efectuada por el intendente bahiense, Federico Susbielles, quien estimó que la reconstrucción de la ciudad demandará al menos unos 400.000 millones.

“Uno entiende que es un primer envío de fondos”, apuntó Tolosa Paz y recalcó que no sólo se trata de ayudar a Bahía Blanca sino a partidos como “Daireaux, Guaminí, Coronel Suárez, Villarino, Puán, Adolfo Alsina y otros que fueron también gravemente afectados y se necesita reconstruir la infraestructura”.

En qué consiste el proyecto para declarar el estado de emergencia en Bahía Blanca

La propuesta presentada por Tolosa Paz y que cuenta con el respaldo de otros bloques opositores, según indicó la legisladora, establece un período inicial de emergencia de 90 días, con posibilidad de prórroga, y contempla medidas específicas para la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación de las actividades económicas, sociales y educativas en las zonas afectadas.

En otros puntos, se encomienda al Gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, adoptar medidas para restablecer las condiciones de vida de los habitantes, priorizando obras públicas urgentes como la reparación y construcción de viviendas.

 

El artículo 4 del proyecto faculta al Ejecutivo a implementar líneas de crédito con tasas bonificadas para la reparación de viviendas y la continuidad de las actividades económicas.

También se propone la suspensión de juicios y procedimientos administrativos de cobro de deudas por 90 días, así como la creación de regímenes especiales de pago y exenciones impositivas a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).