La Cámara Federal porteña decidió confirmar los procesamientos contra un grupo de dirigentes del Polo Obrero, liderados por Eduardo Belliboni. Además, agravó los delitos por los cuales estaban investigados, al consideróar que hubo “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”.

Así lo dictaminaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens al entender que los referentes de la agrupación política sacaron “provecho de su posición dominante” cuando “exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables”, quedaban afuera de planes sociales.

Cabe recordar que la causa se originó el 20 de diciembre, antes de la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei, cuando el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. 

Con los allanamientos y la información secuestrada, el juez federal Sebastián Casanello llamó a indagatoria porque “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””. 

Además, destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas ‘Ediciones e Impresiones Rumbos SRL’ y ‘Coxtex SA’–, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

Los acusados desfilaron por Comodoro Py, negaron las acusaciones y acusaron que se trata de una persecución política de parte del Gobierno contra las organizaciones populares. Sobre ese reclamo, el fallo de esta jornada aclaró: “Queremos dejar completamente fuera de discusión que ni la pesquisa ni este resolutorio tienen como objeto una criminalización de las organizaciones sociales y las protestas a las que éstos convocan y lideran”. 

No obstante, dijo la Cámara Federal, lo que se advirtió aquí fue que “al amparo del noble sentimiento que puede tener un grupo de ciudadanos de reclamar, legítimamente, a las autoridades ejerciendo su derecho a la protesta organizada” aparecieron, “disimuladas en ellas, personas que se aprovechan de una situación que el Estado debe atender para tratar de obtener un beneficio propio”.

Para la Cámara Federal, “los imputados además de administrar fraudulentamente fondos que les fueran otorgados para satisfacer necesidades sociales a través de unidades de gestión y de desviar los fines del programa estatal en beneficio propio —con perjuicio al erario público—, exigían a los beneficiarios para no perder el plan social que se les había asignado, por un lado, la obligación de asistir a las manifestaciones, lo que afecta claramente el ámbito de su autodeterminación personal, y por el otro, aportar un porcentaje del sueldo recibido del Estado, viéndose afectado así su patrimonio”.

Del mismo modo, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens afirmaron que “del relato de los imputados colaboradores se desprende que las decisiones que se adoptaban respecto del manejo del comedor, reparto de comida, cápitas, movilizaciones, aportes, participación política se realizaban en reuniones celebradas en la sede del Partido Obrero sita en Mitre 2162 de esta ciudad, a las que asistía la llamada “mesa central”, conformada entre otros por Eduardo Belliboni, Jeremías Cantero, Gianna Puppo e Iván Candotti, y a la que debían asistir dos delegados por cada “asamblea” para recibir instrucciones”.