El Gobierno de Javier Milei designó al nuevo interventor de los medios públicos
Lo hizo a través de un decreto en el cual también aceptó la renuncia al cargo de Eduardo González. Quién es la flamante autoridad.
El Gobierno de Javier Milei designó al nuevo interventor de los medios públicos, tras aceptar la renuncia al cargo de Eduardo González.
Lo hizo a través del Decreto 525/2025, con el cual nombró en el puesto a Carlos María Curci González. El texto normativo, publicado este jueves en el Boletín Oficial, fue firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
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El cambio en la cúpula de los medios públicos se produce así después de que González presentara su dimisión al argumentar la necesidad de la realización de un viaje al exterior de larga duración.
La designación de Curci González, quien hasta el momento se desempeñaba como gerente de Comunicación de la Sociedad Rural Argentina, estaría orientada a profundizar la reducción de la inversión enfocada en los medios públicos.
Uno de los mayores recortes que ya se implementaron alcanzó a la ex Télam -ahora transformada en Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APESAU)-, donde más de 400 empleados aceptaron un retiro voluntario.
Curci González estará al mando de empresas abocadas a la administración y operación de los servicios de radiodifusión y televisión del Estado nacional, así como de señales educativas y culturales como Encuentro, Paka Paka y DeporTV, entre otras compañías.
El proceso de intervención y transformación de estas empresas empezó con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que declaró la emergencia en diversas áreas y dispuso una reorganización profunda del sector público.
El artículo 48 de ese texto normativo ordenó la transformación de las sociedades del Estado en Anónimas, sujetas al régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
Luego, el Decreto 117/2024 estableció la intervención de Radio y Televisión Argentina, y de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, con el fin optimizar el funcionamiento, según argumentó el Gobierno.
En un primer momento, se estimó que el proceso se extendería un año, pero la situación fue prorrogada.
