El Gobierno nacional denunció penalmente a cuatro jueces, un fiscal, un funcionario porteño y un ejecutivo empresarial presuntamente involucrados en un chat que reveló un viaje de octubre último a la localidad rionegrina de Lago Escondido, a la estancia del magnate inglés Joe Lewis.

La presentación, efecutada en Fiscalía Federal de Bariloche, también alcanza al administrador de esa propiedad de Lewis, a un ex integrante de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a un publicista.

"Por instrucción del presidente de la Nación argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26.917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento", se consignó este miércoles en un comunicado oficial.

En el parte se pide que se abra una investigación por el presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y la supuesta "admisión y ofrecimiento de dádivas" contra los denunciados en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, "sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas".

El magnate Joe Lewis posee una estancia en la localidad rionegrina de Lago Escondido (Archivo/Télam).

 En lo que respecta a los funcionarios judiciales, fueron denunciados "Julián Ercolini, magistrado del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, magistrado del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9; y Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La denuncia también alcanza al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’alessandro; al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; y al administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis, Nicolás Van Ditmar.

Asimismo, fueron denunciados  Leonardo Bergroth, ex director de Asuntos Jurídicos de la ex SIDE; y Tomás Reinke, publicista especializado en difusión digital y política.

Entre otras pruebas, se pide que la Justicia ordene "la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos".

Hace algunos meses, una investigación periodística de El Destape reveló la constancia de vuelo que mostraba la nómina de los hoy denunciados y, el fin de semana último, el diario Tiempo Argentino develó el contenido de un grupo de chat en el que los acusados, presuntamente, intercambiaban estrategias para contener la denuncia y dar una versión construida de las características de ese viaje.

La denuncia busca que se investiguen hechos que habrían ocurrido durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados, supuestamente, compartieron un vuelo en un avión privado desde el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

"Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas", se señaló en el comunicado, difundido por la Presidencia de la Nación.

Ya en territorio patagónico y "según la información que tomó estado público", la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido, se consignó.

Por último, el escrito plantea que, "en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas".

De esa manera, se estaría "dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", se advirtió en el comunicado.