Ante la amenaza de que el Senado convierta en ley la media sanción que aprobó la oposición de la Cámara de Diputados que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria, el Gobierno buscará persuadir a los bloques dialoguistas a que modifiquen el texto para amortiguar su impacto fiscal en las cuentas públicas. El objetivo es evitar que Javier Milei se vea obligado a vetar la norma y corra el riesgo de que ambas cámaras, con los dos tercios de los votos, confirme la ley y desautorice la figura presidencial.

Este domingo fue el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien públicamente anticipó que buscan negociar cambios en el proyecto de movilidad jubilatoria, para evitar un eventual veto del Presidente y un nuevo conflicto con el Congreso. "Es un tema que estamos analizando, porque la media sanción que salió de Diputados es un poco intempestiva, cuando uno sanciona una ley tiene que ver cómo se financia, ver todo el sistema", recalcó.

Asimismo, reconoció: "Todos entendemos la realidad, nadie puede tener la insensibilidad de no entender que la jubilación mínima, que tienen la gran mayoría de jubilados, es una suma con la que cuesta transitar el mes a mes, pero también es cierto que el sistema fue roto por decisiones que se tomaron en el tiempo, tener tres millones de jubilados que no hicieron ningún aporte conspira contra un sistema organizado de jubilaciones".

"Hay que analizar seriamente de qué forma nos ponemos de acuerdo para solucionar estos temas sin afectar las cuentas públicas, sin que no se puedan pagar o que sin que tenga que recurrirse a la emisión inflacionaria", agregó.

La idea del Gobierno es negociar el índice de actualización, que pueda ser algo mayor que el actual pero que no sea el aprobado por Diputados, ya que pondría en riesgo las cuentas públicas. También negociarían la forma de pagar esos ocho puntos pendientes en la actualización por inflación.

El Gobierno anunció que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) empezará a pagar los juicios de los jubilados que tengan sentencia firme por reajustes de haberes. El titular del organismo, Mariano De los Heros, confirmó la intención del Ejecutivo al asegurar que es una decisión del presidente Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La liquidación de las demandas de los jubilados se componen de dos términos, según explicó De los Heros, "uno es el reajuste del haber, la sentencia dice en general aumenta un 33% el haber previsional de un jubilado y pensionado, y después, en virtud de ese reajuste del haber, se genera una deuda por el retroactivo", es decir por "todos los meses que duró el juicio más dos años desde antes del inicio de la demanda".

Al respecto, el plan del Gobierno es abonar el retroactivo de manera inmediata una vez que haya sentencia firme y el retroactivo que corresponde pagar por los años previos al juicio hasta el veredicto final queda pendiente, es decir que los jubilados no pierden la posibilidad de cobrarlo y mientras tanto perciben el reajuste.

El funcionario aseguró que van a hacer los ajustes en los haberes mensuales una vez que haya sentencia firme, al indicar: "Le vamos a empezar a cambiar la vida a los jubilados a partir del momento en el que obtienen una sentencia judicial. No vamos a hacerlos esperar como se hizo durante décadas que se los hacía esperar a que cobraran el retroactivo, y cuando lo cobraban, que dependía de un montón de situaciones, a veces pasaban dos años y medio. Tenemos casos que a veces pasaban trece años".

En está línea, apuntó contra la política de patear el pago de las sentencias en detrimento de que los beneficiados sean los jubilados ya que aunque el demandante muera, "el Estado termina pagando igual a los herederos y abogados".