El Gobierno decidió este martes la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida, oficializada a través de la Resolución 372/2025, fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Además, se prohibió la permanencia de las personas privadas de la libertad "en los centros educativos o espacios de estudios fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos".

"La participación en actividades educativas, si bien es un derecho de los internos, no debe obstaculizar el cumplimiento del tratamiento penitenciario obligatorio, que incluye el trabajo y las tareas necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes dentro de las unidades penitenciarias", señaló el Ministerio de Seguridad en un comunicado.

"Se constató que los denominados 'centros de estudiantes' dentro de algunos complejos penitenciarios generaban un esquema que dificulta la aplicación efectiva del régimen de progresividad y altera la seguridad y el normal desarrollo de las actividades diarias", agregó.

El Ministerio de Seguridad, vale recordar, había establecido anteriormente la obligatoriedad para todos los internos alojados en el SPF de “participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”.

La medida reconoció que la educación en contexto de encierro es un derecho garantizado por leyes nacionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, este beneficio se encuentra amparado por las leyes 24.660, 26.206, 26.058 y 24.521, lo que da lugar a la existencia de programas educativos de nivel universitario en más de 30 unidades federales.

De todos modos, aclaró que la la creación de centros de estudiantes no se encuentra contemplada normativamente: “Que en este contexto normativo, la realización de actividades educativas, si bien resulta un derecho de los internos, no debe obstar al cumplimiento del tratamiento —que es obligatorio— pues constituye la finalidad esencial del cumplimiento de la pena privativa de la libertad y un objetivo superior del sistema”

"El esquema implementado a través de los centros de estudiantes afecta las reglas establecidas por la Ley N° 24.660 y fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social en la medida que permite el avance en la progresividad de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario", remarcó.

La resolución 372/2025 fue firmada sólo por Bullrich y entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial de la fecha.