El Gobierno convocó a su mesa política para este viernes para ajustar los últimos detalles de la reforma electoral que presentará ante el Congreso. 

El encuentro, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, girará en torno a la agenda parlamentaria y en el diseño de estrategias para captar voluntades en ambas cámaras legislativas para conseguir los votos necesarios. 

La reforma electoral se suma a otros proyectos en tratamiento, como la Ley de Salud Mental presentada recientemente, la normativa contra el Fraude por Pensiones por Invalidez y la denominada Ley Hojarasca. 

Uno de los ejes de la propuesta es la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Desde el Gobierno consideran que esta instancia funciona como "una encuesta financiada por el Estado" con un costo excesivo.

Según proyecciones del Ministerio del Interior, la eliminación de las primarias generaría un ahorro de US$200 millones. No obstante, la medida enfrenta resistencia por parte de gobernadores opositores y sectores aliados que consideran las PASO una herramienta necesaria para la resolución de internas partidarias. 

La reforma también introduce modificaciones en los requisitos para los partidos políticos. Se busca limitar las estructuras mediante el endurecimiento de las condiciones para mantener la personería jurídica. 

El proyecto exige que cada fuerza cuente con afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral, con un tope sobre dos millones de electores. Además, para ser reconocido como partido nacional, se requerirá presencia en al menos diez distritos, duplicando la exigencia actual de cinco provincias. 

El sistema de validación de membresía pasaría de la firma en papel a un mecanismo de avales biométricos, con el fin de reducir irregularidades y falsificaciones. 

Asimismo, se establece que una fuerza perderá su personería si no alcanza el 3% del padrón en una de dos contiendas electorales consecutivas. 

En cuanto al financiamiento, el paquete legislativo propone reducir la participación económica del Estado y flexibilizar las reglas para los aportes privados. 

También se incluye el proyecto de "Ficha Limpia", que establece una inhabilitación para ejercer cargos electivos o funciones en el Poder Ejecutivo a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, enfocándose en casos de corrupción. 

Por otro lado, la reforma contempla cambios en la representación internacional y la exposición de los candidatos. Se propone suspender la elección directa de los representantes ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), delegando la selección de sus integrantes a la Cámara de Diputados en función de su composición interna. 

Otro punto en análisis es la obligatoriedad de los debates presidenciales, el Gobierno apuntaría a eliminarlos, transformando esta instancia en un acto optativo para los postulantes. 

Algunos de estos cambios generaron cuestionamientos de bloques aliados como el PRO y el MID. Desde Casa Rosada, sin embargo, se muestran confiados en que no hay margen para postergar el tratamiento, argumentando que la eliminación de las primarias permitiría reducir la campaña electoral en seis meses y concentrar recursos en la gestión pública. 

Ante la posibilidad de no reunir los votos necesarios para una derogación definitiva, el oficialismo baraja la opción de suspender las PASO por un periodo determinado, tal como ocurrió en el ciclo electoral de 2025. 

De acuerdo a la participación de funcionarios en la última reunión de la mesa política del Gobierno, se espera que el cónclave de este viernes cuente con la participación del ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además del presidente Javier Milei.